En los últimos años, España ha enfrentado un creciente debate sobre la dependencia económica de sus ciudadanos respecto al Estado. Este fenómeno no solo tiene implicaciones financieras, sino también políticas y sociales. Un informe reciente ha puesto de manifiesto que nuestro país se encuentra entre las economías desarrolladas con mayor dependencia del sector público.
El Índice de Dependencia Económica Respecto al Estado (IDERE) elaborado por la Fundación para el Avance de la Libertad, sitúa a España en el puesto 40 de un total de 51 economías analizadas. Este índice mide no solo el gasto público, sino también la autonomía económica de ciudadanos y empresas. Una puntuación más baja indica menor dependencia, y España obtiene 72,70 puntos sobre 100, lo que la coloca en el grupo de países con una dependencia «alta».
El papel del Estado en la economía española
El IDERE va más allá de calcular cuánto recauda o gasta un gobierno. Su objetivo es medir hasta qué punto los ciudadanos pueden obtener ingresos, trabajar, invertir, producir o emprender sin depender de recursos públicos. El informe distingue entre la dependencia de los recursos públicos y la dependencia derivada de las autorizaciones y controles administrativos.
España obtiene 16,26 puntos en el papel del Estado como empleador y proveedor de rentas, 6,30 puntos en contratación pública y subvenciones, 12,17 puntos en el peso del Estado como propietario y agente económico, y 37,97 puntos en las barreras, permisos y obligaciones administrativas. Este último apartado es, con mucha diferencia, la principal fuente de dependencia económica detectada en nuestro país.
Implicaciones políticas y sociales
La dependencia económica del Estado no solo tiene un impacto financiero, sino también político y social. Cuantas más personas dependan de una nómina pública, una pensión, una prestación, una ayuda, una subvención o un contrato administrativo, mayor será el número de ciudadanos cuyo bienestar inmediato quedará ligado a las decisiones del poder político.
Además, existe una segunda forma de dependencia menos visible. Una persona puede no recibir un solo euro del Estado y, sin embargo, depender profundamente de él para desarrollar su actividad profesional. Basta con que necesite sucesivas autorizaciones para abrir un establecimiento, ejercer una profesión, realizar una inversión o mantener en funcionamiento una empresa.
Comparación internacional y lecciones aprendidas
La comparación internacional permite apreciar mejor la posición de España. Países como Alemania, Portugal, Bélgica y Austria tienen puntuaciones más bajas en el IDERE, lo que indica una menor dependencia económica del Estado. Sin embargo, países nórdicos como Dinamarca, Suecia y Noruega combinan niveles elevados de empleo público o transferencias sociales con mercados comparativamente abiertos y menores obstáculos regulatorios.
El informe concluye que la dependencia es un fenómeno multidimensional y que no puede explicarse exclusivamente por el volumen del gasto social. La lógica de la clasificación es sencilla: cuanto menor es la puntuación, menor es la dependencia económica respecto al Estado.
Es crucial abordar estas cuestiones para fomentar una economía más autónoma y resiliente.
