El pasado viernes el Consejo de Ministros, a solicitud de los ministerios de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Economía, y Transformación Digital, ha aprobado el Real Decreto que fija los criterios de sostenibilidad energética, medioambiental y de resiliencia digital a los que deben ajustarse los centros de datos con más de 10 MW de potencia. La norma nace como una pieza complementaria del Real Decreto-ley 7/2026 y pretende alinear la expansión de la infraestructura digital con los objetivos de la transición ecológica.
Durante la rueda de prensa, la vicepresidenta y ministra Sara Aagesen advirtió que, sin este marco regulador, el país podría enfrentar un incremento de 5.000 millones de euros en la factura eléctrica nacional, y que los consumidores industriales verían sus costes subir hasta un 25 %. Por ello, el decreto introduce requisitos vinculantes y mecanismos de compensación que buscan evitar que la demanda de los centros de datos aumente el precio de la energía para el resto de la sociedad.
Obligación de consumo de energía renovable
Los operadores deberán demostrar que al menos el 80 % de la energía que utilizan proviene de fuentes renovables, con correlación horaria, es decir, el cálculo se realizará hora a hora. Este umbral se mantendrá hasta que el mix eléctrico nacional supere el 90 % de renovables. La regla de adicionalidad exige que la energía renovable se incorpore al sistema eléctrico con, como máximo, 36 meses de antelación al inicio de operaciones, salvo para instalaciones fotovoltaicas y algunas plantas de biomasa.
Excepciones y flexibilidad temporal
Durante los primeros cinco años se permite que los centros que participen en el Sistema de Reducción Automática de Potencia compense su consumo con un 60 % de renovables en horas punta (P1) hasta el 31 de diciembre 2028, y con un 70 % tanto en horas punta como en llano (P1 y P2) a partir de entonces. El cálculo tendrá en cuenta el autoconsumo, el almacenamiento y los contratos de suministro de larga duración (más de seis años).
Condiciones de soberanía digital y resiliencia
El decreto impone obligaciones específicas a los sistemas de información de categoría alta según el Esquema Nacional de Seguridad, que abarcan datos sanitarios, fiscales, energéticos o de transporte. Entre las garantías exigidas destacan la permanencia de los datos sensibles dentro del espacio económico europeo, la disponibilidad de personal y equipamiento en la UE para la operación y el control estricto de accesos desde terceros países durante tareas de mantenimiento.
Estos requisitos se aplican independientemente de la potencia del centro, ya que el riesgo se evalúa en función de la criticidad del servicio y no del tamaño de la instalación. Además, se establecen normas de eficiencia hídrica que obligan a los centros a cumplir el nivel más alto del etiquetado europeo de consumo de agua (WUE) y a adoptar la mejor tecnología energética según la zona climática.
Compensaciones, plazos y sanciones
En caso de incumplimiento de los porcentajes de renovables o de la correlación horaria, el decreto prevé compensaciones automáticas sobre la factura eléctrica del propio centro, cuyas cuantías se ajustarán a la desviación registrada y se destinarán a los mecanismos de capacidad del sistema. Las sanciones pueden alcanzar la suspensión del derecho de acceso y conexión durante tres años.
Los proyectos que ya estén en trámite disponen de seis meses para adecuarse a las nuevas exigencias, o tres si esperan la adjudicación de un concurso de acceso a la red eléctrica. Aquellos que no puedan demostrar cumplimiento podrán renunciar a los derechos de acceso sin activar garantías adicionales, evitando así retrasos en la integración al sistema eléctrico.



