En los últimos años, la proliferación de lectores automáticos de matrículas (ALPR) ha convertido a muchas ciudades de EE. UU. en una red de vigilancia permanente. Estos sistemas capturan la placa de cada vehículo que pasa bajo su campo visual, almacenan la información y, a través de algoritmos, pueden reconstruir patrones de movimiento individual. La creciente preocupación por el abuso de esa capacidad ha llevado a varios legisladores a presentar una medida que redefina el alcance de esa tecnología a nivel federal.
El Ban Flock Act propuesto por el senador Bernie Sanders el senador Jeff Merkley y la representante Alexandria Ocasio-Cortez tiene como objetivo bloquear la adquisición, posesión y uso de cualquier ALPR por parte de agencias del gobierno nacional. La iniciativa incluye una cláusula de excepción para la recaudación de peajes y permite que el Congreso otorgue permisos específicos bajo condiciones muy restrictivas, entre las que destaca una retención máxima de los datos de 48 horas. La medida, de aprobarse, dejaría fuera del presupuesto federal los fondos destinados a proyectos locales que dependen de esta tecnología.
Contenido del proyecto de ley
El texto legislativo cubre todos los tipos de lectores automáticos de matrículas sin limitarse a la empresa que ha sido centro de la polémica, Flock Safety. Entre los puntos clave se encuentran: la prohibición de que cualquier entidad federal compre, almacene o acceda a bases de datos generadas por ALPR la exigencia de que, en los casos de excepción, los datos no permanezcan guardados más de dos días; y la creación de un mecanismo que faculta a los ciudadanos a interponer demandas contra el gobierno por incumplimiento de la norma. Además, la ley condiciona la continuidad de subvenciones de cinco departamentos, entre ellos el Departamento de Justicia y el de seguridad Nacional, a la eliminación de estos dispositivos en los niveles estatales y municipales que reciban fondos federales.
Reacciones de los patrocinadores y del sector tecnológico
En la presentación pública, el senador Sanders advirtió que «no podemos permitir que Estados Unidos se convierta en un estado de vigilancia». El portavoz de la Cámara resaltó que la medida responde a casos documentados en los que policías usaron ALPR para rastrear a parejas o exparejas. Por su parte, Flock Safety el mayor proveedor de estos dispositivos con más de 120 000 cámaras instaladas y una media de 20 mil millones de lecturas mensuales, ha ajustado su política interna, reduciendo la retención estándar de datos de 30 a 7 días y lanzando una herramienta de auditoría que bloquea búsquedas inusuales hasta que sean revisadas por un segundo oficial. El CEO Garrett Langley ha mencionado que ideas como el “sistema de doble llave”, sugerido por inversores, están siendo estudiadas para reforzar los controles internos.
Impacto financiero y perspectivas de aprobación
Si bien la iniciativa se encuentra en la fase de comité, su avance legislativo enfrenta varios obstáculos. El calendario de la nueva legislatura y la distribución actual del poder en ambas cámaras hacen que sea poco probable que la norma se apruebe antes de enero. No obstante, el proyecto sirve como una declaración de principios que podría moldear futuros debates sobre la regulación de la vigilancia estatal. Además, el vínculo entre la prohibición y la pérdida de fondos federales crea una presión económica directa sobre estados y municipios que dependen de subvenciones para mantener sus programas de seguridad. La posibilidad de que los fiscales generales estatales actúen como garantes del cumplimiento añade otra capa de complejidad al proceso.
