Cuando el propietario de un inmueble decide ponerlo a la venta, muchos inquilinos temen que el contrato se extinga de forma automática. La Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) establece, sin embargo, que la transmisión de la vivienda no anula la relación contractual ya existente. El nuevo titular pasa a ser sucesor del arrendador y adquiere tanto los derechos como las obligaciones que el contrato contiene.
El marco legal distingue dos situaciones esenciales: la vigencia del contrato durante los primeros años y la posible obligación de indemnizar al arrendatario cuando se cumplen ciertos requisitos. Ambos supuestos se encuentran regulados en el artículo 14 de la LAU y, en casos de excepción, en el artículo 34 de la Ley Hipotecaria. A continuación, se detalla cómo funciona cada aspecto.
El comprador como sucesor del arrendador
Durante los cinco primeros años de un contrato —o siete si el arrendador que vende es una persona jurídica—, el adquirente de la vivienda está obligado a respetar el alquiler en los términos pactados. No importa si el contrato está inscrito en el Registro de la Propiedad; la obligación surge desde la fecha de inicio del arrendamiento y se mantiene hasta alcanzar el plazo legal mencionado. El inquilino no puede ser desalojado ni pueden modificarse unilateralmente las condiciones del contrato por el mero hecho de que el piso cambie de propietario.
Si las partes acordaron una duración superior a los cinco o siete años, la regla general impone al comprador que mantenga el contrato durante todo el periodo pactado. Solo existe una excepción: cuando el contrato no está inscrito y el comprador cumple con los requisitos del artículo 34 de la Ley Hipotecaria (adquisición de buena fe, confianza en el Registro y posterior inscripción del derecho). En ese caso, la obligación del nuevo propietario se limita a los cinco o siete años legales.
Indemnización del vendedor cuando procede
En la hipótesis anterior, si el comprador solo está obligado a respetar el alquiler hasta los cinco o siete años, la diferencia de tiempo restante debe ser compensada por el vendedor. La LAU establece que la indemnización equivale a una mensualidad de la renta actual por cada año que quede pendiente después de alcanzar el plazo legal. Por ejemplo, si el contrato tenía una duración de diez años y el nuevo dueño solo tiene que mantenerlo hasta el quinto, el arrendador que vende deberá abonar al inquilino una mensualidad por cada año faltante (cinco mensualidades en total).
Esta compensación corresponde exclusivamente al vendedor; no se trata de cubrir gastos de mudanza ni de equilibrar el precio de venta de la vivienda. La obligación nace del hecho de que el comprador, al estar exento de respetar el contrato completo, transfiere al anterior propietario la responsabilidad de indemnizar al inquilino por la pérdida anticipada del derecho de ocupación.
Derechos de adquisición preferente y protección adicional
El artículo 25 de la LAU reconoce al inquilino un derecho de adquisición preferente, que incluye el tanteo y el retracto. Cuando el arrendador decide vender, debe notificar al inquilino por escrito (normalmente mediante burofax) indicando precio y condiciones. El inquilino dispone de 30 días naturales para ejercer su opción de compra y, en caso de que el propietario venda sin respetar el procedimiento, el inquilino puede ejercer el retracto y adquirir la vivienda al precio real de la venta.
Desde el Real Decreto-ley 29/2026, la renuncia a estos derechos queda prohibida; cualquier cláusula que pretenda desvirtuarlos es nula. Además, el decreto introduce la posibilidad de solicitar una prórroga extraordinaria de hasta dos años, siempre que el inquilino esté al corriente de pago y haya disfrutado del contrato durante al menos ocho meses. La petición debe ser realizada por el arrendatario; el propietario solo puede negarse por causas justificadas como necesidad propia o familiar, nunca por la mera intención de vender.
En la práctica, los propietarios de Vigo y otras ciudades gallegas suelen adoptar una de tres posturas: venden la vivienda con el inquilino dentro, negocian una salida anticipada ofreciendo una compensación, o esperan a la finalización del contrato para poner el piso en el mercado. En cualquiera de los casos, el arrendatario conserva el derecho a permanecer en la vivienda mientras dure el contrato vigente y a percibir la indemnización que corresponda si se produce la excepción mencionada.



