Una reciente investigación realizada entre más de cinco mil personas muestra que el 87 % de los españoles está preocupado o muy preocupado por la posibilidad de vivir un fenómeno meteorológico extremo. La inquietud no varía significativamente según la ideología: los resultados oscilan entre el 84 % de la extrema derecha y el 89 % de la izquierda y centro-izquierda. Esta coincidencia sugiere que, cuando el clima se vuelve una amenaza tangible, las tradicionales trincheras políticas pierden peso frente al deseo de seguridad y control.
El estudio, elaborado por Climate Opinion Research Exchange (CORE) para Esfera Climática, se basa en 5 027 entrevistas y constituye la primera medición a gran escala de la percepción de los fenómenos extremos en España. Más de la mitad de los encuestados afirma haber experimentado al menos un episodio grave, siendo la ola de calor la más frecuente, seguida de sequías, tormentas intensas, inundaciones y incendios forestales.
Impacto real: el índice de riesgo climático 2027 coloca a España en el podio mundial
El Índice de Riesgo Climático 2027, elaborado por la organización alemana Germanwatch y presentado en la COP31 de Antalya, sitúa a España como el tercer país más afectado por fenómenos extremos en 2025. Sólo Jamaica y Sri Lanka superan a la península ibérica en la clasificación que combina muertes, personas afectadas y pérdidas económicas ajustadas al tamaño de la población y al PIB.
En 2025, el verano español registró la mayor ola de calor de la historia oficial, con temperaturas máximas que alcanzaron los 46 °C y un promedio 2,1 °C superior al periodo de referencia 1991-2020. Ese calor provocó 3 893 fallecimientos, aproximadamente el 70 % de las muertes atribuidas a eventos climáticos en todo el mundo ese año. Además, tres incendios forestales consumieron cerca de 393 000 ha, y tres tormentas, entre ellas la DANA «Alice», causaron daños estimados en 100 millones de dólares.
Percepción y prioridades de la ciudadanía
Los españoles ven los fenómenos extremos como una cuestión de seguridad nacional. El 86 % teme que las sequías encarezcan los alimentos y el 87 % teme la destrucción de paisajes naturales, bosques y zonas rurales. Asimismo, la mayoría considera que la interrupción del suministro eléctrico, el aumento de las facturas de gas y el riesgo de perder la vivienda son amenazas inminentes.
En cuanto a medidas, casi el 90 % apoya la difusión de alertas tempranas a través de teléfonos móviles y exige mayores recursos para los servicios de emergencia. Un 85 % cree que las administraciones deben garantizar compensaciones económicas a los afectados. Sin embargo, la identificación de los responsables de la crisis muestra una brecha ideológica: el 52 % opina que las empresas de combustibles fósiles deberían asumir parte de los costes, con mayor apoyo entre votantes de Sumar (73 %) y el PSOE (62 %) que entre el PP (49 %) y Vox (37 %).
Desafíos para cerrar la brecha entre causas y efectos
Expertos como la catedrática Silvia Collado explican que la «distancia psicológica» disminuye cuando un desastre ocurre cerca, lo que lleva a la población a buscar recuperar la sensación de control, más que a debatir culpables. Pablo Meira señala que, aunque la preocupación por los efectos es mayoritaria, la aceptación de que los combustibles fósiles agravan la situación sólo alcanza al 55 % de los encuestados.
El reto, según Andrea Arnal de Esfera Climática, consiste en traducir ese temor compartido en un discurso que conecte la experiencia cotidiana –seguridad, precios de alimentos, protección del hogar– con la necesidad de reducir emisiones y cambiar patrones de producción y consumo. El hecho de que ningún partido haya puesto el clima en el centro de su campaña electoral sugiere que la cuestión, aunque prioritaria para la ciudadanía, sigue careciendo de un marco político consensuado.



