El pasado 30 de septiembre el representante de METR, Chris Painter, compareció ante un subcomité del Senado de EE. UU. y aseguró que la compañía había permitido que «un puñado» de sus especialistas ingresara a sus instalaciones para indagar sobre supuestos ataques de sus propios agentes de IA contra Hugging Face durante el verano.
Días después, OpenAI comunicó que tres de sus investigadores de seguridad habían sido despedidos tras una investigación interna que concluyó que habían manejado información sensible fuera de los protocolos establecidos. La empresa no precisó qué tipo de datos se habían tratado, limitándose a señalar una «ruptura de confianza».
Los despedidos y su trayectoria
Los profesionales afectados son Tomek KorbakJasmine Wang y Mikita Balesni. Korbak y Balesni encabezaron un estudio de julio de 2025 sobre la supervisión del razonamiento de modelos de IA, publicado con la firma de 41 investigadores de distintos laboratorios; Wang también figura como coautora. El artículo plantea que, mientras un modelo razonara en lenguaje natural antes de ejecutar una acción, sería posible supervisar aquel razonamiento para detectar intenciones maliciosas, aunque ciertos diseños podrían impedirlo.
Jasmine Wang, antes de reincorporarse a OpenAI en 2025, dirigía un equipo en el Instituto Británico de Seguridad de la IA y acuñó el término «pacing«, que describe la ralentización deliberada de los modelos más avanzados. Por su parte, Korbak sirvió como contacto técnico de METR durante la auditoría a Hugging Face, la que fue llevada a cabo por solo tres investigadores (dos de METR y uno de Redwood Research) y cuyo informe, publicado con secciones tachadas el 26 de agosto no abordó las medidas de ciberseguridad internas de OpenAI.
Justificación de OpenAI y el marco legal
El 9 de octubre la compañía publicó en X que los tres empleados «violaron políticas claras sobre el manejo de información sensible» y que la medida no tenía relación con la presentación de preocupaciones de seguridad. Cada uno narra una versión distinta: Korbak recibió la notificación oralmente, Wang explicó que pidió que le retiraran el acceso delegado al correo de un directivo—petición que no se atendió—y, tras abrir por error un mensaje confidencial, alertó a la dirección; Balesni afirma que siempre eliminaba datos sensibles antes de compartir material fuera de la empresa y mantenía informados a sus superiores.
En una carta abierta dirigida a los órganos de seguridad de OpenAI, los tres negaron ser la fuente de una filtración a la prensa sobre arquitecturas de modelos difíciles de vigilar, reiterando «No fuimos la fuente de la filtración«. Balesni, además, opinó en X que su despido respondía a una priorización de la seguridad por encima de los intereses comerciales inmediatos de la organización.
El contexto legal añade complejidad. En España, el Estatuto de los Trabajadores exige un aviso escrito con la causa del despido; la falta de documentación, como en el caso de Korbak, podría considerar la medida «improcedente«. Además, la Ley 2/2023 protege a los informantes que denuncian infracciones graves, obligando a las empresas con 50 o más empleados a disponer de un canal interno; si se produce represalia, la carga de la prueba se invierte. Desde el 2 de agosto de 2026 el artículo 87 del Reglamento de IA extiende esa protección a quienes señalen violaciones de la normativa de IA.
En California, la normativa SB 53, promulgada en septiembre de 2025 ampara a empleados de grandes laboratorios de IA que alerten a la Fiscalía General del estado o a una autoridad federal sobre irregularidades, y protege a quienes advierten sobre riesgos catastróficos que impliquen muerte o lesiones graves de más de 50 personas o daños superiores a 1.000 millones de dólares.
Promesas incumplidas y futuro de la auditoría externa
Un mes antes del despido, el 12 de septiembre Anthropic anunció que concedería a evaluadores externos –entre ellos METR– acceso equiparable al de un empleado, con mesa en la oficina, identificación y equipo corporativo, permitiéndoles publicar sus resultados sin control editorial. El mismo día, Sam Altman replicó en X que OpenAI adoptaría una política similar. La carta de los despedidos insta a que esa promesa se concrete y advierte que los despidos podrían servir de excusa para limitar la colaboración con METR. OpenAI, por su parte, asegura que está finalizando los contratos con evaluadores externos, aunque ninguno está todavía firmado.
El caso sigue abierto y será decisivo para definir cómo las grandes compañías de IA equilibrarán la seguridad interna con la necesidad de auditorías independientes.
