El próximo martes, el Consejo de Ministros aprobará un real decreto que introduce cambios significativos en la normativa laboral española. Esta medida, impulsada por el Ministerio de Trabajo, busca aumentar la transparencia y previsibilidad en las condiciones laborales, especialmente en lo que respecta al periodo de prueba.
La nueva normativa, que entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE sustituye a un real decreto de 1998 y transpone parcialmente una directiva europea de 2019. El objetivo principal es combatir el fraude laboral y la precariedad que rodea a los periodos de prueba, muchas veces utilizados para enmascarar contratos temporales.
Límites estrictos al periodo de prueba
El periodo de prueba tendrá un máximo de seis meses tal como establece el Estatuto de los Trabajadores. Sin embargo, los convenios colectivos podrán ampliar este plazo, pero solo si justifican de manera razonada dicha extensión. Las ampliaciones solo se permitirán en tres casos específicos: cuando la naturaleza del puesto lo requiera, cuando sea en interés del trabajador, o cuando sea necesario evaluar su idoneidad tras una suspensión de la relación laboral.
Las empresas deberán informar al trabajador, desde el inicio del contrato, sobre la duración exacta del periodo de prueba y detallar las obligaciones respectivas. Esta medida busca evitar que las empresas utilicen estos periodos de manera abusiva. Además, los convenios colectivos que permitan ampliaciones superiores a seis meses deberán especificar claramente en qué casos o situaciones concretas se permite esta extensión.
Mayor transparencia en los contratos laborales
El nuevo real decreto obliga a las empresas a incluir en los contratos una serie de información detallada sobre las condiciones laborales. Entre otros aspectos, deberán especificar el salario base sus complementos y dietas, la distribución de la jornada diaria, semanal y anual, los turnos, y los criterios para modificar los horarios. Además, en los contratos deberá constar si es la Seguridad Social o una mutua quien atiende en caso de baja y el nombre de la mutua que presta los servicios.
Otra novedad importante es el derecho individual de los trabajadores a conocer las pautas, criterios y reglas de funcionamiento de los sistemas algorítmicos utilizados para tomar decisiones laborales, como tiempos de trabajo, promociones, sanciones o extinción de contrato. Asimismo, los contratos deberán incluir información sobre el tiempo de conciliación y cuidados.
Sector pesquero y marina mercante
El real decreto también introduce obligaciones específicas para los trabajadores desplazados al extranjero, el sector pesquero y la marina mercante. En estos casos, se refuerza la información sobre los periodos de descanso y las condiciones a aplicar, por ejemplo, en caso de repatriación por un accidente. Además, en los contratos de trabajadores desplazados al extranjero deberá especificarse en qué moneda se les pagará.
La nueva normativa afectará tanto a los contratos que se firmen a partir de su entrada en vigor como a los que ya estén vigentes. Los trabajadores podrán solicitar la información que falte en sus contratos actuales, y las empresas tendrán un plazo de 30 días para facilitarla. Los nuevos acuerdos que modifiquen las condiciones laborales deberán comunicarse por escrito de forma inmediata.
Esta reforma llega en un momento en que España afronta un procedimiento ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por el retraso en la transposición de la Directiva 2019/1152. Aunque se espera una multa, el Gobierno confía en que estos avances puedan tener un efecto atenuante.
