Con la campaña electoral a la vuelta de la esquina, el sistema de pensiones vuelve a ocupar los titulares. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo ha reiterado que su programa garantiza el pago y la actualización de las prestaciones conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC), y ha asegurado que no pondrá en tela de juicio la estructura del sistema público de pensiones. Estas declaraciones surgen tras la polémica generada a principios de 2025, cuando el PP aprobó un decreto ómnibus que vinculaba la revalorización de jubilaciones con otros asuntos legislativos, provocando críticas de la oposición y de sectores internos.
Declaraciones de Feijóo y la respuesta del PSOE
En una entrevista concedida a esRadio Feijóo explicó que su objetivo es «garantizar la viabilidad del sistema público de pensiones para quienes aún no las han cobrado y que dudan de su derecho». Subrayó la necesidad de ajustar las prestaciones al IPC, pero también reconoció la existencia de un déficit estructural y la presión demográfica generada por la caída de la natalidad entre 1960 y 1974. El líder popular afirmó que ningún recorte formará parte de su agenda y que los jóvenes tendrán «un sistema público y viable». El PSOE, por su parte, ha acusado al PP de encubrir una intención de privatizar el modelo, alegando que la portavoz parlamentaria Ester Muñoz había insinuado una reforma profunda que, según los socialistas, pondría en riesgo los derechos de los pensionistas.
Posición de la portavoz del PP y la polémica interna
Ester Muñoz, portavoz del PP en el Congreso, provocó una controversia al declarar que el actual modelo de reparto está destinado a «petar» y que es necesario ser valiente para efectuar cambios. En el podcast Quórum, afirmó que el sistema ya no se ajusta a la pirámide poblacional actual y que «el que trabaja no cubre a quien percibe la pensión». Estas palabras fueron rápidamente citadas por el PSOE como evidencia de una agenda de recortes. Sin embargo, el propio partido conservador ha matizado la postura de Muñoz, recordando que el PP sólo se opuso a la revalorización vinculada a otros proyectos legislativos y que mantiene la promesa de actualizar las pensiones según el IPC.
Reacciones de Vox y el contexto electoral
El aliado de la ultraderecha, Vox, ha intensificado su discurso sobre la necesidad de un modelo mixto que combine reparto y capitalización, describiendo al sistema actual como un «zombi» que debe ser sustituido. El responsable económico del partido, José María Figaredo, defendió la idea de una reforma estructural que incluya componentes de capitalización individual, aunque el líder de Vox, Santiago Abascal, negó cualquier intención de privatizar completamente las prestaciones. Estas posturas añaden presión al PP, que busca presentar una imagen de estabilidad mientras compite con una oposición que insiste en que cualquier cambio implicará sacrificios para los jubilados.
En medio de la creciente tensión, el ministro de Hacienda, Juan Bravo, publicó un video en redes sociales reiterando que el PP sólo ha votado en contra de la revalorización cuando esta se utilizó como herramienta para avanzar otras metas legislativas. Destacó que la única línea conductor del partido es la del Pacto de Toledo que garantiza el mantenimiento y la actualización de las pensiones. Mientras tanto, los partidos de izquierda continúan movilizando a los casi diez millones de pensionistas que acudirán a las urnas el 29 de noviembre, conscientes de que la cuestión de las pensiones será decisive para decidir el futuro político del país.
