El reciente Real Decreto que regula los centros de datos en España ha despertado dudas entre los promotores, quienes temen restricciones para nuevos desarrollos en suelo nacional. Las protestas surgieron incluso en comunidades con mayorias socialistas, como Castilla-La Mancha, y se citó una posible fuga de inversiones que alcanzaría los 9.000 millones de euros según fuentes del sector.
Frente a este panorama, varios grupos españoles han empezado a explorar oportunidades al otro lado de la frontera. Portugal reúne los rasgos que históricamente han hecho de la península ibérica un polo atractivo: abundante energía renovable de bajo coste, ubicación geográfica que conecta Europa, África y América, y una infraestructura de fibra óptica ya consolidada.
Regulación española y reacción de los inversores
El proyecto de real decreto introduce requisitos que algunos consideran demasiado restrictivos, como la obligación de que la operación y el control de datos recaigan exclusivamente en entidades establecidas en la UE. La redacción actual deja margen a interpretaciones que podrían interferir con la libertad de establecimiento y la prestación transfronteriza de servicios. Además, se plantea que ciertos datos deban permanecer dentro del territorio europeo, pese a que el Reglamento General de Protección de Datos ya ofrece un marco armonizado para esas transferencias.
Estas incertidumbres han generado una sensación de inseguridad jurídica que, según los analistas, podría desincentivar la inversión directa en España y favorecer la búsqueda de marcos más predecibles, como el portugués.
Portugal como alternativa: recursos y retos
Portugal, aunque con una capacidad eléctrica instalada inferior a la española, está experimentando una expansión acelerada. Lisboa y Sines suman actualmente 46 MW, cifra que parece modesta frente a los 224 MW de Madrid, pero los planes locales apuntan a superar esa brecha. En Lisboa se proyectan más de 300 MW, superando los 281 MW previstos para Barcelona, mientras que el campus Start Campus en Sines podría llegar a 1.200 MW, nivel comparable con la proyección de 1.300 MW para Madrid.
Empresas como Templus ya han adquirido centros de datos españoles para instalarlos en Lisboa, y Merlin-Edged de Merlin Properties prepara una primera fase de 80 MW con una ampliación de 100 MW más. Otros fondos, como Asterion han comprado activos de Altice en Portugal tras haber liderado operaciones similares en Telefónica (Nabiax) en España. Incluso la filial de diseño de Sener Quark, abrió una sucursal portuguesa el año pasado.
No obstante, el factor limitante sigue siendo la capacidad de la red eléctrica. La Asociación de Reguladores Europeos de la Energía (ACER) ha señalado que la evaluación nacional portuguesa podría sobreestimar los riesgos de suministro porque no incorpora suficientemente la respuesta del mercado, como nuevas baterías o importaciones desde España.
Desafíos energéticos compartidos y perspectiva europea
Ambos países enfrentan el reto de alinear la demanda explosiva de energía de los data centers con los objetivos de descarbonización. El proyecto español propone que el 80 % del consumo provenga de generación renovable adicional, con plazos de adaptación de tres a seis meses, un calendario que resulta complicado frente a los procesos de autorización energética, que suelen durar más tiempo.
En Portugal, el gobierno ha introducido requisitos de fianzas millonarias y concursos para acceder a puntos de red, una medida destinada a bloquear a especuladores pero que ha retrasado la adjudicación de capacidad. La rapidez con la que se resuelvan estos concursos será clave para que polos como Lisboa y Sines alcancen su potencial.
En conjunto, la situación sugiere que la competencia entre España y Portugal no es una pugna de “ganar-perder”, sino una oportunidad para que la península ibérica consolide un ecosistema de infraestructuras digitales robusto, siempre que ambos marcos regulatorios ofrezcan certeza a los inversores.
