El envejecimiento de la población es un fenómeno global que está teniendo un impacto significativo en los sistemas de pensiones. En España y América Latina, este cambio demográfico está generando una presión sin precedentes sobre las finanzas públicas y planteando serias dudas sobre la sostenibilidad de las pensiones en el futuro.
La población mayor de 65 años ha crecido de manera considerable en las últimas décadas. En España, por ejemplo, en 1986 había 4,7 millones de personas en esta franja de edad, lo que representaba el 12,2% de la población total. Hoy, ese número ha aumentado a 9,7 millones, superando el 20% de la población. Esta tendencia no es exclusiva de España; en América Latina, la proporción de adultos mayores también está aumentando a un ritmo acelerado.
La presión sobre los sistemas de pensiones
Los sistemas de pensiones basados en el principio de reparto donde las pensiones se financian con las cotizaciones de los trabajadores en activo, se enfrentan a una situación cada vez más difícil. La razón es sencilla: a medida que la población envejece, la relación entre pensionistas y cotizantes se desequilibra. En España, por ejemplo, la ratio pensionistas/cotizantes ha crecido de manera alarmante, lo que exige mayores aportaciones de los presupuestos del Estado.
Este problema se agrava por la generosidad de las políticas hacia los pensionistas, tanto en las cuantías percibidas como en las subidas aplicadas en los últimos años. Aunque estas medidas son justificadas por argumentos de justicia social la realidad es que alguien tiene que pagar la factura. Y ese alguien son las generaciones más jóvenes, que ya enfrentan desafíos económicos significativos, como el acceso a la vivienda y la informalidad laboral.
El impacto en las generaciones futuras
Las encuestas de opinión muestran que la mayoría de los jóvenes en España y América Latina son conscientes de que, aunque pagarán cotizaciones e impuestos elevados, no tienen garantía alguna de que puedan cobrar una buena pensión cuando llegue el momento de su jubilación. Este pesimismo se debe, en parte, a la deuda pública que están heredando y al deterioro del mercado laboral.
En Argentina, por ejemplo, la situación es crítica. La caída de la natalidad, el aumento de la esperanza de vida y la elevada informalidad laboral están reduciendo la cantidad de personas que aportan al sistema previsional. Según datos de la Secretaría de Trabajo, en abril de 2026 se contabilizaron 12.765.000 trabajadores registrados, una caída del 0,2% respecto de marzo. Esta tendencia amenaza con profundizarse en los próximos años, poniendo en riesgo la sostenibilidad del sistema.
Las reformas necesarias
Ante este escenario, varios países de América Latina han comenzado a tomar medidas. Entre 2019 y 2026, al menos nueve países, incluido México, han reformado sus sistemas de pensiones. Sin embargo, estas reformas no siguen un patrón único; cada país está adaptando sus políticas según su situación específica.
Una de las medidas más populares ha sido incrementar las tasas de capitalización. Sin embargo, el ajuste de la edad de jubilación ha resultado ser uno de los cambios más difíciles de implementar, con solo Brasil y Uruguay logrando avances significativos en este ámbito. La especialista del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), María Teresa Silva-Porto, ha destacado la importancia de que estas reformas también promuevan la formalización laboral y la productividad.
Solo así se podrá garantizar un futuro más prometedor para las generaciones venideras.
