El Bar España un pequeño local situado en la N-340 de Benicarló (Castellón), se ha convertido en el epicentro de uno de los bulos más persistentes de la historia reciente de España. Tras más de treinta años de rumores, denuncias falsas y campañas de difamación, el macrojuicio que inicia el viernes 16 de octubre volverá a poner bajo lupa a los autores de la invención que vinculó al establecimiento con una supuesta red de pederastia y asesinatos.
Los orígenes de la farsa
Todo parte en 1997, cuando el peluquero Reinaldo Colás de Benicarló solicitó la intervención judicial contra el nuevo novio de su ex-esposa, acusándolo de agredir a sus dos hijas, de tres y cinco años. La magistrada archivó la causa, considerándola una represalia personal. En respuesta, Colás lanzó una campaña de difamación que incluía acusaciones contra la propia jueza y contra quien había intervenido en el proceso. En 2013 fue condenado por denuncia falsa y, tras su fallecimiento en diciembre de 2017, la mentira continuó circulando sin que él estuviera presente.
Cómo se amplió la trama
Con el tiempo, la historia se alimentó de nuevos nombres y de un supuesto guion que obligaba a menores a memorizar frases antes de ser grabados. Según la instrucción judicial de 2021, los niños fueron víctimas de una farsa orquestada por Colás. Entre los supuestos responsables se añadieron un capitán de la Guardia Civil, la directora de un centro de menores, dos empresarios y un fotógrafo. Posteriormente, la lista creció hasta incluir a figuras políticas de primer nivel: el expresidente de la Diputación de Castellón Carlos Fabra el expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps la exvicepresidenta Mónica Oltra y la exconsellera Gabriela Bravo.
Los mecanismos de difusión
Desde al menos 2013, un usuario bajo el alias “técnico preocupado” gestionó una constelación de blogs que divulgaban nombres, fotos y datos personales de los acusados. En 2016 la policía registró su domicilio. Otros difusores publicaron audios que vinculaban a magistrados con asesinatos y un artículo de 2016 señalaba casi un centenar de niños violados en la provincia, sin ningún respaldo probatorio. La falta de verificación se repitió en la mayoría de los casos; ni siquiera se mencionó la retractación de los menores ni la condena de Colás.
El proceso judicial de 2026
El juzgado de instrucción ha citado a 34 testigos incluidos los propios políticos perjudicados, y a dos peritos –un forense y el jefe del grupo tecnológico de la Policía Nacional en Castellón– para los días 20 y 21 y el 22 de octubre, respectivamente. El turno de los acusados, que incluye a un bloguero, una redactora, el alias “técnico preocupado”, el responsable de una asociación de abogados y el editor de un medio digital como responsable civil, está previsto para los días 23, 24 y 26. En total la causa ha involucrado a 20 investigados. Los delitos que se imputan son contra la integridad moral injurias y calumnias con publicidad, dirigidos a autoridades, funcionarios y particulares.
Repercusiones y expectativas
Los cuatro personajes que se consideran víctimas –Fabra, Camps, Oltra y Bravo– han experimentado un intenso desgaste personal y profesional. La jueza que archivó la denuncia original describió el proceso como un auténtico infierno, mientras que Camps asegura que apenas recuerda los hechos. El veredicto de este juicio podría sentar un precedente jurisprudencial que permita perseguir futuros intentos de crear construcciones ficcionales para ensuciar la imagen de personajes públicos. En última instancia, la causa no juzga la supuesta trama (que no existió), sino la maquinaria de desinformación que mantuvo viva la mentira durante tres décadas.
