En los días previos a la COP31 que se celebrará en Antalya, la Organización Mundial de la Salud presentó un informe que pone de relieve la relación directa entre cambio climático y salud pública. El documento, titulado «Beneficios y costes globales de las medidas prioritarias sobre el cambio climático y la salud», evalúa seis intervenciones que, de implementarse a escala mundial, podrían evitar 1,6 millones de fallecimientos cada año.
El estudio subraya que la inversión en estas acciones no solo tiene un impacto sanitario, sino que también genera beneficios económicos y fiscales de varios billones de dólares. Según los cálculos de la OMS, cada dólar invertido se traduciría en 24 dólares de retorno, y en el caso de los sistemas de alerta por olas de calor, el beneficio estimado asciende a 835 dólares por cada dólar gastado.
Contexto del informe y la agenda de la COP31
El análisis se entrega justo cuando los líderes mundiales se preparan para dos semanas intensas de negociaciones climáticas. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, y el responsable de Clima, Salud y Economía, Frank Pega, han insistido en que la protección de la salud debe ocupar un lugar central en la agenda de la cumbre. Señalan que la falta de avances significativos en las COP anteriores ha dejado a la población vulnerable a los efectos cada vez más graves del calentamiento global.
Entre los hallazgos más llamativos, la implementación de las seis medidas permitiría evitar la emisión de 16.700 millones de toneladas de CO₂, lo que equivale al 31 % de las emisiones globales de gases de efecto invernadero excluyendo uso de suelo y silvicultura. Este dato refuerza la idea de que la salud y el clima son dos caras de la misma moneda y que una política integrada puede producir dividendos simultáneos.
Las seis intervenciones prioritarias
1. Sistemas de alerta sanitaria ante olas de calor: redes de monitoreo que anticipan episodios extremos y emiten avisos a la población, acompañados de medidas de protección para grupos vulnerables. 2. Abastecimiento de agua potable resiliente: infraestructura capaz de garantizar suministro seguro durante sequías e inundaciones. 3. Servicios de saneamiento y gestión de residuos: ampliación y modernización de sistemas de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales para evitar brotes de enfermedades.
4. Instalaciones de higiene y lavado de manos: acceso universal a lugares con agua y jabón, esencial para reducir la transmisión de patógenos. 5. Combustibles y tecnologías domésticas limpias: sustitución de leña, carbón y combustibles fósiles por energías menos contaminantes en cocinas y sistemas de calefacción. 6. Políticas de fijación de precios de combustibles fósiles: eliminación de subsidios ineficientes e implementación de impuestos que reflejen el costo ambiental, con la meta de desincentivar su uso.
Cada una de estas acciones se caracteriza por su bajo costo relativo y por la posibilidad de ser adaptada rápidamente, sobre todo en países de ingresos bajos y medianos, donde los beneficios en salud y en reducción de desigualdades son más pronunciados.
Impactos esperados en salud, clima y economía
El informe cuantifica los resultados en tres dimensiones: salud, emisiones y economía. En términos de vidas salvadas, las medidas podrían evitar una de cada 40 muertes anuales. Respecto al clima, la reducción de CO₂ estimada (16.700 Mt) representa una disminución sustancial de la huella de carbono global. Finalmente, el retorno económico incluye 3,9 billones de dólares anuales en beneficios de bienestar y 5,4 billones de dólares en ingresos fiscales adicionales.
Los analistas de la OMS destacan que los mayores retornos se obtendrían en la fase de alerta por calor, donde el aprovechamiento de sistemas existentes permite un rendimiento de 835 dólares por cada dólar invertido. Por su parte, la política de fijación de precios a los combustibles fósiles se perfila como la intervención con mayor potencial para evitar 1,2 millones de muertes y generar tres billones de dólares en beneficios de bienestar económico cada año.
Frank Pega ha llamado a los gobiernos a tratar estas iniciativas como inversiones y no como simples costes, instando a los ministerios de finanzas a asignar recursos sostenibles y a los de salud a supervisar su correcta ejecución. Asimismo, sugiere canalizar los ingresos fiscales obtenidos hacia la consolidación de sistemas sanitarios resilientes y la promoción de desarrollo sostenible.
