En los próximos doce meses, el panorama de Glovo en la península ibérica se definirá entre la posible venta a un gran operador de entrega a domicilio y un proceso judicial que afecta directamente a su fundador, Oscar Pierre. El fondo neoyorquino SSW Partners asumirá la gestión de los mercados españoles y de cuatro países vecinos, con la finalidad de reencontrar un comprador a largo plazo.
Escenarios de desinversión: operadores versus fondos de inversión
Los analistas del sector advierten dos salidas principales para el negocio español. Por un lado, la adquisición por parte de un gran operador del delivery. empresas como DoorDash que ha reforzado su presencia europea con la compra de Deliveroo en el Reino Unido y de Wolt en Finlandia, aparecen como candidatas plausibles. Otro posible comprador es Prosus el conglomerado sudafricano detrás de Just Eat, rival directo de Glovo en España, y accionista importante de Delivery Hero.
El segundo camino contempla la compra por un fondo de inversión quizás un hedge fund, que podría adquirir Glovo España de forma aislada o junto a los otros cuatro mercados afectados (Portugal, Polonia, Rumanía y Moldavia) y a los nueve países que también quedaron fuera de la operación de Uber-Delivery Hero. En conjunto, esos catorce mercados están valorados en alrededor de 1.400 millones de euros, según cálculos de Delivery Hero, lo que abriría la puerta a la creación de un grupo europeo de reparto.
Implicaciones para Barcelona y el ecosistema local
Si la venta se concretara con un operador, el capital necesario y las economías de escala podrían consolidar a Barcelona como un hub estratégico en el sector. En cambio, una adquisición por parte de un fondo probablemente mantendría a Oscar Pierre y a su co-fundador Sacha Michaud como gestores del nuevo conglomerado, preservando la ciudad como sede operativa.
El proceso judicial contra Oscar Pierre
Paralelamente, la justicia de Barcelona ha decidido que Oscar Pierre comparezca a juicio por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores. El magistrado rechazó la solicitud de archivo presentada por Pierre y aceptó la acusación de la Fiscalía y del sindicato CGT, que piden que el empresario responda por mantener a los riders bajo la figura de falsos autónomos pese a varias sentencias judiciales, incluida una del Tribunal Supremo, que ordenaban su contratación como empleados.
En la resolución se citan 18 sentencias que reconocen a los repartidores como trabajadores por cuenta ajena y 17 requerimientos de inspecciones de trabajo de distintas comunidades autónomas, todos ignorados por Glovo. El juez señaló que la empresa siguió obligando a los riders a darse de alta como autónomos y a pagar sus propias cotizaciones, vulnerando derechos como salario mínimo, jornada, descansos y seguridad social.
El auto concede a las partes diez días para presentar escritos de acusación o sobreseimiento contra Pierre en su calidad de administrador único y presidente de Glovo. La empresa ha anunciado que apelará la decisión, argumentando que la medida es improcedente y que el proceso judicial no implica culpabilidad previa.
Repercusiones para el modelo laboral del delivery
El caso de Glovo se enmarca dentro de la polémica generada por la llamada Ley Rider impulsada por el Ministerio de Trabajo para prohibir la subcontratación de repartidores bajo la modalidad de autónomo. La sentencia del Supremo de 2020 declaró ilegal el modelo de falsos autónomos, y la reciente derrota de Glovo ante la Seguridad Social en una demanda millonaria sobre cotizaciones refuerza la presión sobre el sector.
Si el juicio concluye con una condena para Pierre, podría sentar un precedente definitivo que obligue a otras plataformas a regularizar a sus trabajadores, cambiando radicalmente la dinámica de costos y competitividad en el mercado de entregas a domicilio.
