En junio de 2026, los sistemas de monitoreo de OpenAI detectaron actividad de una cuenta asociada a Jesse Van Rootselaar que violaba las normas de uso y procedieron a bloquearla. Los registros indican que esas conversaciones con ChatGPT incluían descripciones relacionadas con la violencia armada, lo que activó las herramientas internas de detección y cumplimiento. El asunto quedó bajo revisión dentro de la compañía, donde los equipos de seguridad sopesaron cómo actuar ante un comportamiento que consideraron preocupante, sin que en ese momento se tradujera en una comunicación formal a las fuerzas del orden.
Meses después, el 10 de febrero de 2026, ocurrió una tragedia en Tumbler Ridge: ocho personas murieron en un ataque que involucró a la misma persona cuya cuenta había sido bloqueada. Tras el suceso, OpenAI declaró que proactivamente facilitó información a la Royal Canadian Mounted Police (RCMP) y que seguirá colaborando con la investigación. La familia, la comunidad y las autoridades comenzaron entonces a reconstruir el rastro digital y físico que precedió a la matanza, incluyendo publicaciones en otras plataformas y antecedentes locales que muestran señales de inestabilidad.
Señales previas y decisiones internas
Dentro de OpenAI, los equipos encargados de seguridad y de cumplimiento analizaron los registros de la cuenta marcada en junio de 2026. Evaluaron si el contenido constituía una amenaza inminente y creíble que justificara una notificación a la policía. La conclusión oficial fue que, aunque el material violaba políticas y merecía la suspensión del acceso, no alcanzaba el umbral legal o interno establecido para alertar a las fuerzas del orden en ese momento.
Esa decisión provocó un debate sobre los límites entre proteger la privacidad de usuarios y prevenir riesgos reales de daño físico.
Umbral para notificar a autoridades
La compañía explicó que sus protocolos consideran varios factores antes de escalar un caso a la policía: la existencia de planificación concreta, detalles operativos que indiquen intención inmediata y pruebas que permitan una intervención efectiva. En ausencia de esos elementos, el enfoque preferido fue la intervención en la plataforma: bloqueos, advertencias y medidas para redirigir a la persona hacia recursos de ayuda.
Estas prácticas se sustentan en la idea de reducir la regresión o la estigmatización de usuarios jóvenes tras una intervención externa.
Rastro digital más amplio y respuesta de otras plataformas
La actividad en ChatGPT no fue el único indicio digital asociado con el atacante. Informes señalan que la persona creó un contenido en Roblox que simulaba un tiroteo en un centro comercial y publicó mensajes relacionados con armas en Reddit. Tras los hechos, tanto YouTube como Roblox confirmaron que eliminaron cuentas y material vinculados a la sospechosa. Las plataformas indicaron que sus equipos de confianza y seguridad actuaron para retirar contenido y colaborar con las autoridades, evidenciando cómo el ecosistema digital puede contener múltiples piezas que, juntas, ayudan a reconstruir una cadena de riesgos.
Cooperación y límites legales
Las empresas tecnológicas enfrentan el desafío de equilibrar la protección de la intimidad con la obligación de prevenir daños. OpenAI señaló que la información disponible en junio de 2026 no cumplía con el estándar requerido para una denuncia proactiva, pero que tras el 10 de febrero de 2026 ofreció detalles a la RCMP. La investigación oficial también recopila evidencia física y digital, incluyendo dispositivos y redes sociales, para determinar el alcance de la planificación y posibles fallas en los circuitos de alerta.
Reflexiones sobre responsabilidad y prevención
El caso de Tumbler Ridge plantea preguntas difíciles sobre cómo deben actuar las compañías que administran modelos lingüísticos y servicios en línea cuando detectan señales de peligro. Algunos defienden un umbral estricto para evitar intervenciones injustificadas que afecten a menores o a personas con problemas de salud mental; otros piden mecanismos más ágiles de cooperación con autoridades. Mientras la comunidad tecnológica debate, las víctimas y sus familias buscan respuestas y medidas que reduzcan la probabilidad de nuevos episodios.
En última instancia, este episodio subraya la necesidad de mejorar protocolos internos, definir con claridad los criterios de notificación y fortalecer los canales de colaboración entre empresas digitales y cuerpos policiales. La combinación de vigilancia automatizada, supervisión humana y marcos legales actualizados podría ofrecer un camino para detectar riesgos reales sin sacrificar derechos fundamentales ni provocar daños colaterales.
