Un nombre hasta ahora poco conocido, Sean LoJacono, aparece como beneficiario en varios documentos vinculados al club privado Executive Branch, con sede en Washington. Las presentaciones oficiales y perfiles profesionales relacionados con el proyecto listan a LoJacono junto a figuras de alto perfil —Donald Trump Jr., David Sacks, Chamath Palihapitiya y los hermanos Winklevoss—, mencionan cuotas de membresía de hasta 500.000 dólares y describen una sede discreta: un sótano detrás de un centro comercial.
Qué muestran los registros
Formularios presentados ante la División de Corporaciones del Distrito de Columbia en marzo de 2026 identifican a LoJacono como “beneficial owner” de una compañía ligada al Executive Branch. Documentos de otra entidad, Executive Branch Security Company, repiten su nombre como beneficiario; esa sociedad figura como cancelada en enero de 2026. En LinkedIn aparece desde junio de 2026 como director de seguridad y de gestión de instalaciones del club privado en Washington, D.C.
Una trama de jurisdicciones
Las inscripciones corporativas examinadas datan de enero a marzo de 2026 y están repartidas entre distintos registros estatales, con vinculaciones a Wyoming además del Distrito de Columbia. Ese entramado de jurisdicciones y nombres comerciales sugiere una estructura administrativa en movimiento durante la constitución de las entidades, lo que complica seguir el rastro exacto de decisiones y responsabilidades.
Un pasado que despierta dudas
La biografía pública de LoJacono incluye años de servicio en el Metropolitan Police Department (MPD) de Washington.
En 2017 saltó a la atención pública un video de una detención en la que intervino; la escena provocó críticas por la naturaleza de una búsqueda corporal que varios denunciantes calificaron de invasiva. La ACLU del Distrito de Columbia presentó demanda en 2018, que se resolvió ese mismo año con un acuerdo cuyo monto no fue revelado y sin reconocimiento de responsabilidad por parte de la ciudad.
Procesos internos y cambio de rumbo
Una investigación interna del MPD llegó a recomendar el despido de LoJacono por una de las búsquedas realizadas en aquel episodio.
El caso llegó a apelación, con un árbitro que falló en su favor en noviembre de 2026. En lugar de regresar al cuerpo policial, LoJacono optó por trabajar en el sector privado de seguridad.
Inconsistencias y opacidad en los papeles
Los archivos oficiales no son totalmente consistentes: en algunas presentaciones figura Glenn Gilmore —un desarrollador del Área de la Bahía con conexiones a David Sacks— como organizador o presidente; en otras, LoJacono aparece como beneficiario y la nómina de directivos varía. Estos cambios pueden obedecer a meros ajustes administrativos, bajas de nombres comerciales o reordenamientos internos, pero la repetida aparición de beneficiarios discrecionales dificulta la trazabilidad y plantea dudas sobre quién tiene realmente el control.
Qué significa ser “beneficial owner”
Desde el punto de vista del cumplimiento, identificar al beneficiario real importa: no siempre implica tener la mayoría accionaria, pero sí apunta a quienes ejercen control operativo o reciben beneficios económicos. Para especialistas en transparencia, esa designación es una pista clave cuando las estructuras societarias buscan preservarse detrás de capas de intermediarios.
Riesgos y preguntas abiertas
Que un proyecto con conexiones políticas y cuotas elevadas designe como beneficiario a un exagente con un historial litigioso por uso de la fuerza dispara inquietudes sobre gobernanza y reputación. La combinación de nombres visibles y figuras menos conocidas añade una capa de incertidumbre sobre cómo se distribuye el poder dentro del club y qué riesgos podrían asociarse para socios e inversores.
Respuesta de los organizadores
Hasta ahora los organizadores del Executive Branch no han ofrecido explicaciones públicas detalladas sobre la presencia de LoJacono en los registros. La información disponible proviene de formularios oficiales y perfiles accesibles en línea; la falta de aclaraciones mantiene la controversia abierta y refuerza el reclamo de mayor transparencia por parte de observadores y expertos en cumplimiento.
