Enfrentados a una oleada de operativos, el personal de la cafetería de Meta en Bellevue hizo un acuerdo sencillo: se apoyarían entre sí si la campaña de inmigración afectaba a alguno. Ese pacto se activó en diciembre cuando agentes federales detuvieron a Serigne, un solicitante de asilo de Senegal y hermano del lavaplatos Abdoul Mbengue. La noticia viajó rápido por el equipo y por chats de trabajadores de empresas tecnológicas, y lo que empezó como solidaridad local derivó en una recaudación más amplia entre empleados de Meta, Microsoft y Amazon, que contribuyeron con miles de dólares para la defensa legal.
El caso tuvo un desenlace favorable: un juez ordenó la liberación del hermano de Mbengue el 24 de febrero. Mientras tanto, la situación expuso tensiones más profundas entre trabajadores de cafeterías, empresas contratistas como Lavish Roots y las corporaciones donde sirven. Muchos de esos compañeros llegaron a Estados Unidos con autorizaciones temporales o en procesos de asilo, y denuncian que la respuesta institucional no ha sido suficiente ante la amenaza de detenciones por ICE u otras autoridades migratorias.
De la cafetería a una red entre empresas
La cadena de apoyo que emergió en Bellevue se expandió más allá del comedor. Empleados de distintas áreas de empresas tecnológicas organizaron donaciones y ofrecieron ayuda logística para llevar clientes a audiencias de inmigración o para pagar abogados. Un ingeniero veterano de Amazon contribuyó inicialmente con cantidades modestas y luego aumentó su aporte al conocer detalles del caso. Estos gestos representan una forma de solidaridad intersectorial que no depende de las directrices públicas de las compañías; fue iniciativa de la plantilla y de redes activistas que ya operan en la región.
Cómo se organizaron las aportaciones
Se crearon colectas y grupos de apoyo que combinaron aportes monetarios y voluntariado. Parte de los esfuerzos incluyeron la idea de formalizar un fondo de defensa legal y una lista de abogados de inmigración accesibles. También se planearon brigadas para acompañar a trabajadores a audiencias, y campañas informativas internas. Estas acciones han permitido mantener casos en tribunales estadounidenses en lugar de transferencias a terceros países, como ocurrió cuando gracias a $2,000 se consiguió que un compañero mantuviera su caso en EE.
UU. en vez de presentarlo en Uganda.
Sindicalización, protecciones y obstáculos
El conflicto también tiene una vertiente laboral: más de 200 trabajadores que sirven a Meta pidieron el derecho a sindicalizarse con Unite Here Local 8. Según la organización, Lavish Roots habría emprendido medidas para desalentar el voto sindical, como reuniones, folletos y vigilancia. En contraste, cafeterías sindicalizadas dentro de Microsoft y Google gozan de cláusulas en sus convenios que protegen el empleo mientras se tramitan permisos y consideran las audiencias de inmigración como tiempo excusado, lo que ofrece mayor seguridad a trabajadores en procesos migratorios.
Incidentes y respuestas corporativas
Los empleados reportan temores reales sobre acceso de autoridades: el 29 de enero, dos personas con indumentaria que decía DHS acudieron a la recepción de un edificio en el campus de Microsoft en Redmond y pidieron por un trabajador. Microsoft señaló que solo permite el acceso a fuerzas del orden con orden judicial válida o a través de coordinaciones preautorizadas del equipo de seguridad global y legal. Meta y Lavish Roots declinaron comentar, y Amazon y Google no respondieron a solicitudes de información.
Demandas, peticiones y frustraciones
Los trabajadores esperan que las grandes empresas adopten medidas concretas: la creación de fondos de defensa migratoria basados en necesidades, permisos para quedarse en casa en días de riesgo y facilidad para acceder a recursos legales. Mientras tanto, la plantilla de comedor reporta problemas prácticos: se les exige pagar alrededor de $300 mensuales por estacionamiento subterráneo con acceso seguro al edificio, una cifra inasequible para quienes cobran apenas $22 la hora, según denuncias. Esa barrera obliga a muchos a usar aparcamientos más económicos y exponerse al riesgo de encuentros con ICE.
Mbengue sintetiza la mezcla de rabia y decisión que motiva la movilización: tras huir de Senegal en 2026 y cambiar de ciudades, encontró en el sindicato y en las redes de apoyo una vía para no permanecer en la invisibilidad. “Elijo luchar”, dice, refiriéndose a la organización colectiva y a la campaña que ayudó a liberar a su hermano. La experiencia en Bellevue plantea una pregunta más amplia: cuando las corporaciones no responden públicamente a políticas migratorias restrictivas, ¿quién asume la responsabilidad de proteger a los trabajadores más vulnerables dentro de sus campus?
