En los últimos años se han entrelazado dos conversaciones que afectan a la confianza colectiva: por un lado, la creciente sensación de inquietud que provoca la inteligencia artificial en muchas personas; por otro, las consecuencias de decisiones administrativas sobre el territorio que han acelerado la despoblación de áreas rurales. Ambos asuntos comparten un núcleo común: la forma en que las instituciones gestionan cambios técnicos y sociales y cómo eso repercute en la vida cotidiana.
La expresión coloquial de un ciudadano —«creo que tengo ansiedad por la IA»— resume una reacción extendida: no siempre se trata de un trastorno clínico, sino de una inquietud sostenida ante lo desconocido y la percepción de pérdida de control. Al mismo tiempo, procesos de ordenación del territorio y normativa protectora han transformado la economía y la demografía de muchas sierras españolas. Para entender este panorama hay que situar hechos clave, responsabilidades y las respuestas tecnológicas que ya se prueban en la práctica.
Administración, territorio y el éxodo de los pueblos
Las políticas de conservación y las decisiones administrativas han marcado la evolución de numerosos municipios dentro de espacios naturales protegidos. En reuniones técnicas celebradas en 1991 sobre la recuperación de 6.000 hectáreas quemadas en la Sierra de la Culebra, se puso de manifiesto un choque de enfoques: mientras algunos técnicos insistían en integrar a las comunidades locales, otros defendían intervenciones que en la práctica terminaron desplazando a sus habitantes.
El resultado, tres décadas después, ha sido crudo: entre 1986 y 2026, la población de España aumentó un 37% mientras la Sierra de la Culebra perdió un 48% de habitantes, una diferencia que refleja una sangría demográfica en territorios protegidos.
Derechos de las cosas vs derechos de las personas
Una crítica recurrente en este análisis es la tendencia a priorizar el valor legal o ecológico de un territorio como entidad frente a las necesidades de quienes lo habitan.
Dotar de derechos a espacios naturales, cuando se traduce en restricciones que limitan la actividad agraria, forestal o de aprovechamiento local, puede provocar el efecto contrario al prometido: en vez de generar oportunidades, ocasiona exilios rurales y pérdida de servicios. Resultados concretos en parques y paisajes protegidos muestran disminuciones poblacionales notables: parques como Montaña de Riaño y Mampodre, Sierra de Gredos, Baixa Limia y Sierra do Xures, y Alto Tajo presentan caídas de población que oscilan entre el 41% y el 67% en el periodo 1986-2026.
La ansiedad por la IA y su papel en la planificación
La inquietud social frente a la inteligencia artificial no es ajena al ámbito profesional: la misma tecnología genera expectativas y miedos cuando se propone sustituir tareas, reorganizar procesos o predecir decisiones. En el sector de infraestructuras, por ejemplo, la empresa Sacyr impulsó un pilotaje con una herramienta llamada Miranda AI —desarrollada por la startup CrataAI en el marco del programa DesafIA del Ayuntamiento de Madrid— que pretende acelerar la elaboración de planes de obra. Esta iniciativa persigue automatizar tareas repetitivas, detectar lagunas y ofrecer un programa base sobre el que trabajar en proyectos civiles, de edificación e industriales.
Entre el apoyo y la sustitución
Los responsables del proyecto insisten en que el objetivo no es suplantar al personal humano sino liberar tiempo para que los equipos dediquen esfuerzos a análisis de mayor valor. Miranda AI puede analizar documentación técnica, identificar mediciones y materiales, generar planes completos y avisar de riesgos de planificación. En fases iniciales se prevé cerrar una primera etapa en un plazo de tres o cuatro meses, lo que ilustra cómo la tecnología puede convertirse en herramienta de innovación abierta para resolver retos de negocio.
Hacia una integración responsable
Combinar la sensibilidad social con la capacidad técnica exige dos condiciones: gobernanza inclusiva y transparencia sobre el uso de herramientas digitales. Las administraciones del medio natural deberían recuperar el verbo «administrar» en su sentido primario: servir a las personas y dosificar recursos, en lugar de imponer normativas que, sin acompañamiento social, conducen al abandono rural. A su vez, la implantación de IA en planificación debe ir acompañada de formación, acceso y garantías para que beneficie a las comunidades y no aumente la brecha entre centros urbanos y territorios remotos.
Reconocer las heridas de decisiones pasadas y apostar por procesos participativos puede convertir a la IA en una aliada para la sostenibilidad rural, en vez de agravar el desarraigo de quienes mantienen el paisaje y la biodiversidad.
