En los últimos años las plataformas de predicción dejaron de ser experimentos minoritarios y se transformaron en actores relevantes dentro del ecosistema financiero y de ocio. Empresas como Kalshi y Polymarket ofrecen contratos sobre resultados de eventos que van desde premios cinematográficos hasta el precio del Bitcoin, y en días clave —como el super bowl— han movido cifras extraordinarias: Kalshi reportó más de $800 millones en operaciones relacionadas con el juego y más de $1.3 mil millones en contratos vinculados al evento en total.
Esta expansión ha encendido una pelea regulatoria y política que no respeta las líneas tradicionales entre partidos.
En el centro del conflicto están dos visiones radicalmente distintas: una considera que estos negocios son equivalentes a juego ilegal, sujetándose a las leyes estatales de apuestas; la otra sostiene que se trata de mercados financieros que ya están bajo la supervisión federal del organismo competente. El choque ya incluye demandas, campañas de lobby, y alianzas sorprendentes entre figuras conservadoras, magnates del juego en Las Vegas y estrategas progresistas.
Jurisdicción y poder: la disputa entre estados y la CFTC
La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) es la agencia federal que regula derivados y ha intervenido históricamente en este tipo de mercados desde proyectos académicos como el Iowa Electronic Market. La CFTC ha defendido su autoridad frente a intentos estatales de reclasificar ciertos contratos como juegos de azar. En momentos recientes el organismo presentó un escrito en apoyo de Crypto.com frente a reguladores de Nevada, y su presidente ha advertido que peleará en tribunales para mantener la competencia federal.
Esa postura ha ganado aliados tanto en sectores conservadores como en filas demócratas que valoran la coherencia normativa.
Demandas y presión estatal
Paralelamente, fiscales estatales y reguladores de juego han iniciado litigios y medidas para forzar cumplimiento de las leyes locales. Empresas como Kalshi enfrentan decenas de demandas en múltiples jurisdicciones y han evitado cierres temporales apenas por margen, como ocurrió en ciertos estados. Las autoridades estatales argumentan que los contratos deportivos y de otro tipo deben someterse a normativa de juego local para proteger consumidores y preservar ingresos fiscales para gobiernos que dependen de ese flujo.
Alianzas inusuales y la política detrás del negocio
El mapa de apoyos revela coaliciones atípicas: algunos conservadores que históricamente defienden mercados libres respaldan la intervención mínima de la CFTC, mientras que otros, vinculados a la industria tradicional del juego, piden reglas estrictas para proteger cuotas de mercado y recaudación. En lo público han surgido figuras con intereses directos: miembros del círculo cercano de un expresidente han mostrado intención de lanzar plataformas propias y ya existen vínculos financieros y de asesoría entre ejecutivos de los mercados de predicción y personalidades políticas.
Lobby, inversiones y medios
Las empresas del sector no solo litigan; buscan legitimidad mediante alianzas comerciales y cobertura mediática. Polymarket y Kalshi han firmado acuerdos para compartir datos con medios y plataformas informativas, y firmas de trading cuantitativo han invertido en los dos líderes del mercado. Además, hay señales de que las plataformas exploran integraciones con servicios editoriales y financieros que buscan aprovechar su capacidad predictiva.
Comparaciones prácticas: paralelos con otras industrias
El dilema regulatorio recuerda la batalla que vivió la industria del cannabis y los productos derivados del cáñamo: dos mercados con efectos parecidos, pero reglas distintas y consecuencias fiscales desiguales. De forma análoga, la diferencia entre un mercado de predicción regulado por la CFTC y una casa de apuestas supervisada por los estados puede ser sutil en la experiencia del usuario, pero enorme en términos legales y económicos. Esa disparidad obliga a múltiples tribunales a revisar cada caso sin una solución uniforme a corto plazo.
Los analistas prevén que la resolución llegaría por apelaciones sucesivas y, posiblemente, fallos en cortes superiores que definan la autoridad final. Hasta entonces, las empresas continuarán ampliando productos, los estados seguirán presentando demandas y la incertidumbre regulatoria será una constante en la planificación estratégica de la industria.
Qué está en juego
Más allá de la retórica, el conflicto afecta a consumidores, gobiernos y mercados financieros. Si los tribunales respaldan mayor control estatal, se abrirá una batalla por licencias y gravámenes que podría redistribuir ingresos hacia las jurisdicciones con marcos regulatorios más favorables. Si prevalece la CFTC, las plataformas podrían operar con una cobertura federal más clara, acelerando su incorporación al tejido financiero tradicional. En cualquier escenario, la disputa redefinirá cómo se interpreta la línea entre juego y mercado.
El desenlace tendrá impacto en modelos de negocio, recaudación estatal y la forma en que la sociedad acepta instrumentos financieros basados en la especulación sobre eventos reales.
