A pocos minutos en coche de Londres, entre Potters Bar y el pueblo de South Mimms, se extienden 85 acres de tierra agrícola dividida por setos y senderos públicos. En uno de esos paseos hay un roble solitario que se ha convertido en emblema de la protesta local; en su tronco cuelga un cartel que reza «NO TO DATA CENTRE». La irrupción del debate se aceleró cuando, en septiembre de , un promotor presentó una solicitud para levantar un centro de datos industrial, uno de los mayores propuestos en Europa, sobre ese terreno.
La reacción de los habitantes fue inmediata: crearon un grupo en Facebook que reunió a más de 1.000 miembros con la intención de bloquear el proyecto. Sin embargo, en enero de la autoridad local concedió permiso de planificación, y en octubre siguiente comenzó a moverse la propiedad hacia un operador multinacional. Los vecinos sostienen que, aunque el desarrollo pueda impulsar la economía digital, la pérdida de ese espacio verde altera rutinas, paisajes y la salud mental que aportan los paseos desde la población hacia el campo.
Política territorial y nuevas categorías de suelo
El territorio alrededor de Londres está protegido por una extensa franja de green belt pensada para frenar la urbanización descontrolada. Tradicionalmente la construcción en esa franja solo se admite en circunstancias muy especiales. No obstante, cambios recientes en la legislación introdujeron la etiqueta de grey belt para parcelas consideradas de bajo rendimiento, abriendo la puerta a usos más flexibles.
Simultáneamente, el gobierno declaró a los centros de datos como infraestructura nacional crítica, lo que ha facilitado autorizaciones y atraído inversiones destinadas a soportar cargas de trabajo de inteligencia artificial.
Argumentos en conflicto: naturaleza versus crecimiento
El gobierno local y la empresa adquirente argumentan que el proyecto traerá inversión masiva: cifras de gastos en infraestructura y promesas de empleo tanto en construcción como en puestos estables una vez operativo. Equinix, por ejemplo, ha señalado que se reservará parte del terreno como espacio verde y que incorporará medidas para mejorar la biodiversidad, como estanques y praderas.
Desde esa óptica, la presencia de un centro de datos favorecería la economía regional y la atracción de otros negocios vinculados a la tecnología.
La voz de la comunidad
Para quienes viven junto al terreno, esos beneficios económicos no compensan lo que consideran la desaparición de un corredor natural entre la localidad y el campo. Residentes relatan campañas de difusión, recopilación de cientos de objeciones y una sensación de haber sido «arrasados» por el proceso de planificación. Alegan incoherencias: mientras una parcela cercana fue protegida para vivienda o uso agrícola, esta otra fue reclasificada como grey belt, lo que alimenta la desconfianza y la percepción de trato desigual.
Procedimientos, recursos y estrategias de resistencia
Los opositores han presentado reclamaciones formales, solicitudes a órganos de control y quejas contra autoridades locales, apelando a un defensor independiente y a la Oficina de Protección Ambiental. La administración municipal, por su parte, defiende que el proceso fue correcto y que cada solicitud se evalúa por separado. En el sistema británico, la participación pública y la objeción son elementos previstos, y expertos en planificación advierten que una campaña bien organizada puede retrasar o alterar proyectos, aunque no siempre logre revertir decisiones ya adoptadas.
Impacto y futuro
El desarrollador debe completar trámites adicionales antes de iniciar obras; si mantiene la autorización, dispone de un plazo para comenzar la construcción. Mientras tanto, la disputa se mantiene viva en paseos junto al roble, en audiencias y en redes sociales. Habitantes como una profesora jubilada que recorre esos campos con su perro reconocen la necesidad de infraestructuras digitales, pero desean que la elección de emplazamientos sea menos traumática para comunidades rurales y su entorno. La tensión entre crecimiento tecnológico y conservación del paisaje plantea preguntas sobre prioridades públicas y el valor que la sociedad asigna a cada tipo de suelo.
Este caso ejemplifica un conflicto que se repite en diversas latitudes: la expansión de la economía digital exige espacio físico, energía y conexiones, mientras que los vecinos reclaman el derecho a mantener su entorno. El resultado dependerá de decisiones administrativas, presión ciudadana y, en última instancia, de cómo se ponderen la inversión y la protección del bienestar comunitario.
