En un edificio de viviendas, cruzarse con un perro que circula sin bozal por el portal o el ascensor genera dudas sobre la seguridad y la posibilidad de actuar. La Ley de Propiedad Horizontal (LPH) no contiene una norma específica sobre el uso del bozal, pero sí establece mecanismos para detener conductas que resulten molestas, peligrosas o prohibidas por los estatutos. Paralelamente, la Ley de Bienestar Animal obliga a los propietarios a evitar molestias y riesgos, sin imponer de forma general el bozal en los espacios compartidos.
Marco legal que determina la actuación
El artículo 7.2 de la LPH prohíbe actividades que contravengan los estatutos, dañen la finca o sean consideradas molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas. Para que la circulación del perro sin bozal pueda ser considerada una infracción, es necesario encuadrarla dentro de alguna de esas categorías. Por otro lado, el artículo 26 de la Ley de Bienestar Animal establece que quien convive con animales debe adoptar medidas para prevenir molestias o peligros, aunque el texto no menciona expresamente el bozal.
¿Cuándo el bozal es obligatorio?
Los perros potencialmente peligrosos están regulados por el Real Decreto 287/2002. Según su artículo 8, estos animales deben llevar bozal adecuado y estar atados con una cadena o correa no extensible de menos de dos metros en lugares y espacios públicos. La normativa no se extiende explícitamente a las zonas comunes privadas de una comunidad, por lo que la imposición de este requisito depende, en última instancia, de los estatutos internos y de la voluntad de la junta de propietarios.
Procedimiento recomendado antes de acudir a los tribunales
Si la conducta del vecino encaja en los supuestos del artículo 7.2, el primer paso consiste en que el presidente de la comunidad, por iniciativa propia o a solicitud de cualquier propietario, emita un requerimiento fehaciente pidiéndole que cese la actividad y advirtiéndole de la posible vía judicial. Este requerimiento debe quedar constancia por escrito.
Persistiendo la infracción, la junta de propietarios, reunida mediante convocatoria regular, puede autorizar al presidente para interponer una acción de cesación. La demanda se tramita como juicio ordinario y debe acompañarse del requerimiento previo y del acta que demuestre la autorización de la junta.
El juez, una vez admitida la demanda, puede dictar medidas cautelares que obliguen al infractor a detener la conducta de inmediato, advirtiendo que el incumplimiento puede constituir delito de desobediencia. En caso de sentencia favorable, además del cese definitivo, el tribunal podría imponer una indemnización por daños y perjuicios y, en situaciones graves, suspender el derecho a usar la vivienda o local hasta tres años. Si el responsable es solo un ocupante, la sentencia puede ordenar la extinción de sus derechos sobre el inmueble y el desalojo inmediato.
En ausencia de una regulación específica en los estatutos, los propietarios pueden presentar en la junta una propuesta para establecer normas claras sobre la circulación de perros, siempre respetando los límites legales. Estas normas, una vez aprobadas, tendrán fuerza vinculante y facilitarán la resolución de futuros conflictos.
