La Corte Suprema frenó en gran medida la capacidad del Ejecutivo para imponer aranceles sin pasar por el Congreso. En una decisión 6-3, el tribunal dictaminó que la International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) no faculta al presidente para crear lo que, en la práctica, funcionan como impuestos sobre las importaciones.
Qué cambió de inmediato – La Casa Blanca pierde una vía rápida para gravar importaciones: la IEEPA ya no puede usarse como atajo para imponer aranceles de amplio alcance.
– El fallo no borra todos los gravámenes: tarifas respaldadas por otras autoridades presidenciales —por ejemplo, las aplicadas al acero, al aluminio y al cobre— seguirán vigentes salvo que se impugnen por otras vías. – Se abre la puerta a reclamaciones y posibles reembolsos: analistas estiman que, desde febrero de, se habrían recaudado más de 175.000 millones de dólares bajo la base legal ahora cuestionada. Esa cifra será el centro de demandas administrativas y juicios.
Fundamento legal y alcance El tribunal sostuvo que la IEEPA sirve para responder emergencias y asuntos de seguridad nacional, pero no para establecer cargas equivalentes a impuestos sin una autorización clara del Congreso. La opinión mayoritaria subraya que, en cinco décadas, ningún presidente había usado esta norma para imponer aranceles con esta intensidad, y que convertirla en una herramienta fiscal permanente excede su propósito.
Qué significa en la práctica – Para la administración: quedan tres caminos principales —pedir al Congreso una ley específica que avale medidas similares; reducir y recalibrar las acciones para encajarlas en poderes ejecutivos tradicionalmente aceptados; o litigar y arriesgarse a revocaciones y devoluciones.
– Para las empresas importadoras: muchas preparan reclamaciones administrativas. En el corto plazo deben calcular pasivos, documentar pagos y decidir si trasladan costos a clientes. – Para las pymes: el golpe puede ser más duro. Muchas carecen de liquidez y de la documentación aduanera necesaria para reclamar con facilidad, lo que complica su capacidad de recuperar montos y mantener operaciones.
Proceso de reembolsos y tiempo de resolución Las agencias federales y los tribunales tendrán que definir plazos y criterios: quién es elegible, qué periodos cubren las devoluciones y cómo se tramitan las reclamaciones.
Expertos prevén que el proceso administrativo y judicial se prolongue meses, quizá años, y que los montos recuperables dependan tanto de decisiones técnicas como de litigios estratégicos.
Reacciones del sector privado y movimientos en los mercados Firmas grandes como Costco, Prada, BYD y Goodyear ya presentaron demandas reclamando reembolsos. Algunos intermediarios financieros, por su parte, han creado productos para apostar por distintos escenarios de resolución: así reaccionan los mercados cuando una decisión judicial altera reglas de comercio. Asociaciones de pymes advierten del riesgo de que el Ejecutivo intente volver a imponer gravámenes por vías alternativas, lo que mantendría la presión sobre costos y cadenas logísticas.
Impacto político y votos discrepantes Los tres votos discrepantes provinieron de los jueces Clarence Thomas, Samuel Alito y Brett Kavanaugh. En la esfera política, el expresidente Trump calificó la sentencia como una “disgracia”, según la reportera Kaitlan Collins. Esa retórica podría allanar el camino para nuevos intentos administrativos o empujar negociaciones legislativas intensas.
Consecuencias para la planificación empresarial La incertidumbre eleva el costo de planificación: las compañías deben decidir si reclaman, cómo documentan pérdidas y si transfieren costes al consumidor. En industrias con cadenas globales, la volatilidad regulatoria puede traducirse en retrasos de inversión, ajustes en contratos y movimientos para diversificar proveedores.
Recomendaciones prácticas para empresas – Consolidar y organizar documentación aduanera y contable que respalde pagos de aranceles. – Evaluar acciones colectivas o asesoría legal especializada para optimizar la reclamación. – Revisar contratos con proveedores para clarificar quién asume riesgos frente a cambios arancelarios. – Preparar escenarios financieros que contemplen reembolsos parciales o largos plazos de resolución.
Qué conviene vigilar – Publicación de directrices administrativas por parte de agencias federales (criterios de elegibilidad y plazos). – Calendarios de admisión de demandas y primeras resoluciones en tribunales inferiores. – Volumen real de reclamaciones presentadas y el monto efectivamente devuelto. – Movimientos legislativos en el Congreso para autorizar o regular nuevas herramientas arancelarias.
Qué cambió de inmediato – La Casa Blanca pierde una vía rápida para gravar importaciones: la IEEPA ya no puede usarse como atajo para imponer aranceles de amplio alcance. – El fallo no borra todos los gravámenes: tarifas respaldadas por otras autoridades presidenciales —por ejemplo, las aplicadas al acero, al aluminio y al cobre— seguirán vigentes salvo que se impugnen por otras vías. – Se abre la puerta a reclamaciones y posibles reembolsos: analistas estiman que, desde febrero de, se habrían recaudado más de 175.000 millones de dólares bajo la base legal ahora cuestionada. Esa cifra será el centro de demandas administrativas y juicios.0
