El gobierno de Dinamarca ha tomado una decisión significativa al anunciar una prohibición del acceso a las redes sociales para todos los menores de 15 años. Esta medida surge en un contexto global donde las preocupaciones por la exposición de los niños a contenidos nocivos y la presión comercial de las plataformas digitales están en aumento. Con esta acción, Dinamarca se une a otros países que están reevaluando su enfoque hacia la tecnología y los menores.
La ministra danesa de asuntos digitales, Caroline Stage, ha destacado que alrededor del 94% de los niños menores de 13 años en el país ya tienen perfiles en al menos una red social, y más de la mitad de los menores de 10 años también están activos en estas plataformas. Esto ha llevado a la necesidad de implementar regulaciones que protejan a los jóvenes de los riesgos asociados con el uso de las redes.
La implementación de la nueva regulación
La nueva prohibición no se aplicará de inmediato, ya que es necesario que se lleve a cabo un proceso legislativo para establecer las bases de esta regulación. Se espera que los legisladores, que representan diferentes sectores políticos, trabajen en esta legislación durante los próximos meses. Según Stage, es vital que se elabore un marco normativo que no deje espacio para que las grandes empresas tecnológicas encuentren lagunas legales.
Desafíos de la verificación de edad
Uno de los principales retos de esta iniciativa es la implementación efectiva de la prohibición en un mundo donde los dispositivos digitales son omnipresentes. Aunque Dinamarca cuenta con un sistema nacional de identificación electrónica que cubre a casi todos los ciudadanos mayores de 13 años, la cuestión de cómo se verificará la edad de los usuarios sigue sin resolverse. Las plataformas de redes sociales ya tienen políticas que prohíben a los menores de 13 años abrir cuentas, pero estas restricciones a menudo son difíciles de hacer cumplir.
Para abordar estos problemas, el gobierno danés planea desarrollar una aplicación de verificación de edad, similar a las que están siendo probadas en varios países de la Unión Europea. Sin embargo, el éxito de estas aplicaciones dependerá de la cooperación de las plataformas de redes sociales para implementar métodos de verificación adecuados.
Reacciones y contexto internacional
La decisión de Dinamarca se produce poco después de que Australia aprobara una legislación similar, estableciendo una edad mínima de 16 años para el acceso a redes sociales. Este movimiento ha sido reconocido como un paso importante en la dirección correcta, ya que apunta a la creciente preocupación por el impacto de las redes sociales en la salud mental y el desarrollo de los adolescentes.
La presión sobre las plataformas tecnológicas
Caroline Stage ha enfatizado que la presión ejercida por los modelos de negocio de las empresas tecnológicas es “demasiado masiva” y que es hora de que los gobiernos tomen medidas decisivas para proteger a sus ciudadanos más jóvenes. Las preocupaciones no se limitan a Dinamarca; en Francia, por ejemplo, se están llevando a cabo investigaciones sobre TikTok debido a alegaciones de que la plataforma permite la difusión de contenido que promueve el suicidio entre los jóvenes.
Este tipo de contenido ha llevado a muchos a cuestionar la responsabilidad de las plataformas en la protección de sus usuarios, en especial de aquellos que son más vulnerables. El llamado de Dinamarca para que las empresas inviertan en la seguridad de los niños se suma a un creciente clamor global por una mejor regulación de la tecnología.
Un futuro digital más seguro
A medida que Dinamarca y otros países implementan estas regulaciones, surge la pregunta sobre cómo se equilibrará la protección de los menores con el acceso a la información. No se trata de eliminar la tecnología de la vida de los jóvenes, sino de garantizar que se utilice de manera segura y responsable. Las nuevas iniciativas deben ir acompañadas de educación y recursos para ayudar a los padres y a los niños a navegar por el mundo digital de forma saludable.
El enfoque de Dinamarca podría marcar el comienzo de una era en la que el bienestar digital se convierta en una prioridad en la crianza y la educación. Los gobiernos están comenzando a darse cuenta de que no pueden depender únicamente de la autorregulación de las empresas tecnológicas, y se están moviendo hacia una legislación que proteja a los más jóvenes de los peligros del entorno digital.
