En septiembre de 2026, Greg Brockman, presidente y cofundador de OpenAI, hizo público un aporte de 25 millones de dólares al comité MAGA Inc. Esa contribución, que en la práctica se divide entre él y su esposa según reportes, se sumó a otra donación de 25 millones de dólares a un super PAC bipartidista llamado Leading the Future, orientado a respaldar a políticos favorables a la adopción y regulación positiva de la inteligencia artificial.
Además, fuentes con conocimiento directo indican un compromiso adicional de otros 25 millones de dólares previsto para 2026. Estas cifras han encendido un debate sobre la relación del sector tecnológico con la política y han provocado reacciones tanto dentro como fuera de OpenAI.
Por qué las donaciones generaron controversia
La posición pública de Brockman como ejecutivo líder en una compañía que desarrolla modelos de lenguaje avanzados convierte sus decisiones personales en asunto de interés colectivo.
Para él, las aportaciones son coherentes con la misión de OpenAI: garantizar que la tecnología más transformadora beneficie a toda la humanidad. Sin embargo, críticos sostienen que destinar sumas tan elevadas a un comité asociado con una figura política polarizadora complica la percepción pública y alimenta desconfianza. En el interior de la empresa algunos empleados expresaron inquietud sobre si estas decisiones personales exceden lo necesario para proteger intereses sectoriales y si afectarían la cultura interna de una organización que se define como científica y orientada a la verdad.
El movimiento quitgpt: origen y alcance
En respuesta a la donación, a finales de enero de 2026 surgió la campaña QuitGPT, organizada por grupos diversos: activistas pro-democracia, jóvenes comprometidos con causas climáticas, desarrolladores y ciberlibertarios. El objetivo inicial fue sencillo y directo: instar a los usuarios a cancelar sus suscripciones a ChatGPT Plus y difundir alternativas. La campaña ganó visibilidad en redes y recibió adhesiones públicas de figuras del entretenimiento.
Los activistas también señalan otros puntos sensibles, como el uso por parte de agencias federales de herramientas alimentadas por modelos de OpenAI; según un inventario del Departamento de Seguridad Nacional, ICE emplea un sistema de filtrado de currículos basado en GPT-4, elemento que intensificó las críticas.
Mecanismos de la protesta
QuitGPT combina tácticas clásicas de boicot con herramientas digitales: peticiones en línea, eventos simbólicos como «fiestas de cancelación» y difusión masiva en plataformas sociales. Los organizadores buscan afectar la facturación por suscripciones —una palanca económica— y presionar para que empresas del sector reconsideren su relación con administraciones o contratos controvertidos. Sociólogos señalan que para que un boicot sea efectivo debe alcanzar una masa crítica de consumidores dispuestos a materializar su descontento con su billetera; de lo contrario, el impacto será más simbólico que financiero.
Impacto en usuarios, empleados y mercado
Las estadísticas públicas muestran la dimensión del reto: a diciembre de 2026, ChatGPT contaba con cifras de usuarios semanales que rozaban cifras masivas, lo que sugiere que una reducción significativa de suscriptores requeriría un movimiento muy amplio. Internamente, algunos empleados desconocían la campaña y otros han pedido que la compañía defina claramente su postura frente a contratos con agencias gubernamentales y su vinculación política. A nivel del sector, la polémica ha acelerado debates sobre transparencia, gobernanza y la necesidad de salvaguardas para evitar que la tecnología quede al servicio de agendas partidistas.
Posibles escenarios y lecciones
Si el boicot llegara a impactar ingresos relevantes, la reacción del mercado y la presión regulatoria podrían forzar cambios de estrategia empresarial. Alternativamente, si las cancelaciones se quedan en un gesto masivo pero no sostenido, el efecto real sobre la compañía sería limitado. En cualquier caso, la situación subraya la creciente interdependencia entre decisiones personales de líderes tecnológicos y la percepción pública sobre la ética de las empresas. La discusión también plantea una pregunta mayor: ¿cómo equilibrar la defensa de una tecnología con la responsabilidad social y la transparencia en sus vínculos políticos?
La forma en que empresas, usuarios y responsables públicos respondan marcará precedentes sobre la gobernanza de herramientas que afectan ámbitos laborales, civiles y democráticos.
