La Casa Blanca anunció una nueva orden ejecutiva que establece un arancel global del 10% sobre las importaciones, una respuesta directa del presidente a la sentencia de la Corte Suprema que había anulado su política previa. Según la administración, la medida es temporal y durará 150 días, con entrada en vigor prevista para el 24 de febrero. En paralelo, el presidente criticó duramente a los magistrados que votaron en contra de su planteamiento inicial.
La decisión judicial se centró en el alcance del International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), la norma invocada originalmente por la administración. La Corte Suprema concluyó que ese estatuto no autoriza la imposición de aranceles comerciales sin una autorización clara del Congreso, por lo que las tarifas anteriores fueron consideradas fuera del marco legal aplicable.
Qué contiene la orden ejecutiva y sus excepciones
El texto difundido por la Casa Blanca describe los aranceles como temporales y aplicables a todas las naciones, con exenciones para sectores concretos.
Entre las excepciones citadas están productos farmacéuticos, ciertos minerales y alimentos agrícolas como las naranjas y determinados cortes de carne. La medida se apoya, en la comunicación oficial, en la Section 122 del Trade Act de 1974 como fundamento administrativo para su implementación inicial.
La administración también aclaró que, tras los 150 días, corresponderá al Congreso decidir la continuidad o modificación de la política arancelaria. Ese plazo sitúa la votación en un calendario político sensible, cercano a las elecciones intermedias, lo que podría complicar las negociaciones legislativas sobre la materia.
La reacción del presidente y el choque con la Corte
En mensajes públicos, el presidente calificó de “vergüenza” la decisión de los jueces que rechazaron su recurso y atacó a dos magistrados conservadores que votaron con la mayoría. Además de criticar la sentencia, el mandatario anticipó que la Casa Blanca estudiará otras herramientas legales para mantener presiones comerciales sobre gobiernos extranjeros.
La Corte Suprema, en una decisión extensa firmada por el presidente del tribunal, señaló que no existen precedentes de uso del IEEPA para imponer aranceles y subrayó que la Constitución reserva al Congreso la facultad de establecer tributos y gravámenes comerciales de amplio alcance.
Posibles recursos legales alternativos
Frente a la anulación, la administración ha mencionado varias vías que podrían emplearse para reinstaurar medidas arancelarias: la Section 301 del Trade Act (que permite imponer aranceles tras investigar prácticas comerciales desleales), la Section 232 (vinculada a motivos de seguridad nacional) y la Section 338 del Tariff Act de 1930. Cada una tiene requisitos y procesos propios, y su empleo podría desencadenar nuevas disputas legales y diplomáticas.
Implicaciones financieras y respuesta internacional
La sentencia dejó en el aire la cuestión de si los importadores tendrán derecho a recuperar los montos ya pagados: cifras preliminares citadas por analistas sitúan en torno a 175.000 millones de dólares lo recaudado por las tarifas previas, y expertos advierten que las reclamaciones de reembolso podrían activarse. Administrativamente, los importadores suelen contar con un plazo de 180 días desde la liquidación de las mercancías para interponer solicitudes ante la U.S. Customs and Border Protection.
En el plano internacional, la medida y la decisión judicial generaron inquietud entre socios y empresas. Desde Europa, representantes y cámaras empresariales han solicitado clarificaciones: el ministro de Asuntos Exteriores de Italia convocó una reunión de la Task Force sobre aranceles en Bruselas para coordinar la respuesta de empresas y exportadores a la nueva situación.
Escenarios por delante
El panorama que se abre es de notable incertidumbre. Por un lado está la posibilidad de que la Casa Blanca eleve los aranceles más allá del 10% en futuras actuaciones; por otro, la opción de que el Congreso, los tribunales o acuerdos bilaterales limiten la aplicación de estas tasas. Mientras tanto, exportadores, importadores y gobiernos monitorean las comunicaciones oficiales y preparan estrategias legales y comerciales para afrontar los próximos meses.
El debate entre poder ejecutivo, poder legislativo y la judicatura continuará determinando el rumbo de la política comercial estadounidense.
