En el centro del debate público sobre mercados de predicción aparece una voz inesperada: Mick Mulvaney, exjefe de gabinete de la Casa Blanca, ahora al frente de la coalición Gambling Is Not Investing. Mulvaney, que declara gustar de las apuestas deportivas, argumenta que los llamados event contracts que venden plataformas como Kalshi y Polymarket no son instrumentos financieros exóticos, sino apuestas que deberían ajustarse a las normas que cada estado decide aplicar sobre el juego.
La polémica enfrenta dos enfoques regulatorios. Por un lado, hay plataformas que sostienen que sus ofertas son derivados bajo la supervisión de la CFTC, lo que las coloca en el ámbito federal. Por otro, reguladores estatales y defensores como Mulvaney ven una elusión de las leyes estatales de juego, especialmente cuando las plataformas comercializan contratos vinculados a resultados deportivos. La discusión ha derivado en demandas y en una campaña política destinada a influir a legisladores y reguladores.
¿Por qué es controversial la clasificación?
El debate gira sobre la naturaleza del producto: los operadores promocionan contratos de eventos que pagan según el resultado, mientras críticos sostienen que se trata de apuestas porque reproducen la mecánica y el riesgo de una casa de apuestas tradicional. Mulvaney resume la postura con un argumento sencillo: si algo se parece a una apuesta deportiva, paga como una apuesta deportiva y está ligado a eventos deportivos, entonces debe tratarse como tal.
Esa posición encendió apoyos y rechazos dentro de filas políticas y regulatorias.
Actores y fricciones legales
En el tablero hay numerosos protagonistas: la CFTC ha declarado que tiene jurisdicción sobre los mercados de predicción, y su dirección actual ha defendido esa clasificación de forma pública. Algunos estados, en cambio, han presentado demandas contra plataformas por supuestas violaciones de leyes estatales de juego, y las decisiones judiciales iniciales han sido mixtas, anticipando una posible escalada hasta instancias superiores.
Además, el gobierno anterior impuso sanciones puntuales: durante la administración Biden, la agencia multó a Polymarket con 1,4 millones por no registrarse como mercado de derivados y limitó temporalmente su actividad en territorio estadounidense.
Coalición y estrategia política
La coalición Gambling Is Not Investing, que incluye organizaciones conservadoras como Moms for America, Consumer Action for a Strong Economy y Frontiers of Freedom, apuesta por una campaña de relaciones públicas y cabildeo. Su objetivo no es prohibir los mercados de predicción, sino que las operaciones que imitan apuestas deportivas estén sujetas a la regulación estatal y a la infraestructura que cada jurisdicción requiere para proteger a los consumidores. Mulvaney enfatiza que se trata de ganar apoyo político más que de litigar casos concretos en los tribunales.
Intersección con la política y los intereses privados
La controversia adquiere matices adicionales por la presencia de figuras vinculadas al clan Trump en este ecosistema. Donald Trump Jr. ha asesorado y financiado proyectos relacionados con plataformas de predicción, mientras que la red social Truth Social ha anunciado intenciones de lanzar su propia oferta de predicción. Esas conexiones complican el debate y amplifican la atención mediática, ya que algunos ven un conflicto entre los intereses comerciales de ciertos actores y la postura regulatoria que defiende Mulvaney.
Acciones regulatorias recientes
Recientemente, un grupo de 23 senadores demócratas solicitó a la CFTC que permitiera que los litigios estatales siguieran su curso, mientras que el liderazgo de la agencia ha reiterado su autoridad sobre los mercados de predicción. En un giro inusual, la CFTC llegó a presentar un escrito en apoyo de plataformas que enfrentaban demandas estatales, señalando la tensión entre enfoques federales y estatales y subrayando la complejidad jurídica del asunto.
Implicaciones y próximos pasos
Si la discusión termina en la corte suprema podría resolverse la interpretación legal, pero Mulvaney subraya que el Congreso también puede intervenir y dictar normas claras que prioricen la regulación estatal sobre apuestas deportivas. Mientras tanto, el sector sigue ampliando sus ofertas: desde contratos sobre política hasta eventos deportivos y culturales. El resultado de esta disputa definirá si esas operaciones deben inscribirse en marcos estatales de protección al consumidor o permanecer bajo la órbita federal de la CFTC.
La respuesta tendrá impacto en la industria, en los reguladores y en los millones de usuarios que participan en estos mercados emergentes.
