En los últimos meses, varios gobiernos han puesto sobre la mesa propuestas y leyes para limitar el acceso de niños y adolescentes a las plataformas sociales. Estas medidas parten de la preocupación por riesgos como el ciberacoso, la adicción digital, los problemas de salud mental y la exposición a depredadores en línea. Al mismo tiempo, surgen debates sobre la privacidad y la eficacia de los mecanismos que se plantean.
Este artículo sintetiza las acciones conocidas hasta ahora, detalla los parámetros que proponen algunos países y recoge tanto las sanciones previstas como las principales críticas. La información incluye ejemplos concretos de políticas, requisitos de verificación y las edades objetivo que diferentes estados han fijado.
Panorama general de las iniciativas
Australia fue pionera al convertirse en la primera nación en implantar una restricción nacional: en diciembre de 2026 el gobierno aprobó una norma que impide a menores de 16 años usar determinadas plataformas.
Esa decisión ha servido de referencia para otras capitales que buscan respuestas similares. Entre las razones oficiales figuran la reducción de presiones sociales en la infancia y la protección frente a contenidos y conductas nocivas.
Las propuestas varían según el país: algunas aconsejan elevar la edad mínima, otras exigen cambios en el diseño de las aplicaciones para evitar funciones que fomenten el uso compulsivo, y varias contemplan la implementación de herramientas de verificación de edad.
Medidas concretas por país
Australia: la primera implementación
El marco australiano bloquea el acceso a plataformas como Facebook, Instagram, Snapchat, Threads, TikTok, X, YouTube, Reddit, Twitch y Kick para usuarios menores de 16 años, aunque deja fuera servicios como WhatsApp y YouTube Kids. El gobierno exige a las compañías adoptar varios métodos de verificación y prohibe confiar únicamente en el autodeclarado de edad. Las empresas que no cumplan pueden enfrentarse a multas de hasta 49,5 millones AUD (34,4 millones USD).
Europa y otros ejemplos
En Europa, varios gobiernos han avanzado en propuestas similares: Dinamarca anunció en noviembre de 2026 su intención de prohibir el acceso a menores de 15 años y trabaja en una app de evidencia digital para verificar la edad. Francia, por su parte, aprobó un proyecto en finales de enero para limitar el uso a mayores de 15 años, a la espera del trámite en el Senado.
Otras naciones en distintas fases del proceso incluyen a Alemania (debates en torno al límite de 16 años), Grecia (anuncio inminente sobre 15 años), Malasia (plan anunciado en noviembre de 2026 para menores de 16 años), Eslovenia (borrador para prohibir el acceso a menores de 15 años), España (intención anunciada para prohibir a menores de 16 años junto a medidas para responsabilizar a ejecutivos por discurso de odio) y el Reino Unido, donde el gobierno evalúa si imponer un tope de 16 años y consultar a familias y organizaciones civiles.
Debates, riesgos y alternativas
Las iniciativas generan análisis opuestos: defensores destacan la urgencia de proteger a la infancia y la adolescencia frente a daños demostrados; críticos, incluida Amnesty Tech, advierten sobre la invasión de la privacidad que suponen algunos sistemas de control y cuestionan la eficacia real de las prohibiciones. A menudo se señala que los jóvenes y sus pares encuentran rutas para eludir las restricciones.
Entre las alternativas propuestas por expertos figuran políticas centradas en la educación digital, controles parentales avanzados, y regulaciones que obliguen a las plataformas a rediseñar funciones adictivas (por ejemplo, limitar el scroll infinito). Estas propuestas buscan equilibrar la protección con el respeto a la privacidad y las libertades individuales.
Verificación de edad y privacidad
La verificación de edad es el punto crítico: múltiples gobiernos piden sistemas que no se basen solo en la autodeclaración. Pero métodos más intrusivos —como el cruce de bases de datos o la exigencia de documentos— plantean dilemas sobre la gestión de datos sensibles y riesgos de filtración. La discusión gira en torno a cómo implementar controles efectivos sin comprometer la seguridad y la confidencialidad.
Sanciones y responsabilidades
Algunas iniciativas prevén sanciones económicas relevantes para las plataformas que incumplan las normas. Además, hay demandas políticas para que los ejecutivos de las compañías asuman mayor responsabilidad por el contenido y sus efectos. Estas combinaciones buscan crear incentivos fuertes para que las empresas ajusten productos y políticas.
Mientras algunas leyes ya han entrado en vigor y otras están en trámite, el debate público seguirá siendo clave para definir qué equilibrio se adopta entre protección, libertad y privacidad.
