Con la apertura de la campaña electoral para las elecciones generales del 29-N, veinte compañías de gran peso en la economía española han entregado un documento conjunto que contiene un decálogo de medidas destinadas a mejorar la competitividad y a anticipar los retos de la próxima década. Entre los firmantes se encuentran KPMG, Accenture, Alsa, Antolin, Gestamp, Mapfre, Merlin Properties, Tendam y otras entidades que representan sectores tan diversos como la automoción, la energía, la salud o la moda.
El texto plantea ocho ejes de actuación: agilidad administrativa, formación y talento, vivienda, salud y cuidados, demografía, productividad, inversión y definición de capacidades estratégicas. Cada punto busca crear una hoja de ruta compartida entre los partidos que se presenten, con la premisa de que una visión a largo plazo y una mayor cooperación entre el sector público y el privado reforzarán la posición de España hasta 2035.
Propuestas clave del decálogo empresarial
Entre las demandas más destacadas se encuentra la necesidad de agilizar la administración, impulsando la colaboración público-privada, la digitalización y un marco jurídico estable. En materia de formación, las firmas insisten en conectar la educación profesional y universitaria con las competencias que requerirá una economía dominada por la inteligencia artificial y la transformación digital.
Para abordar la profunda crisis de vivienda, se propone movilizar suelo y recursos tanto públicos como privados en zonas de alta demanda, garantizando además la dotación de servicios esenciales. En el ámbito de la salud, el objetivo es reforzar la prevención, la tecnología y la atención primaria, anticipándose al envejecimiento poblacional.
Exigencia de fiscalización del fondo soberano España Crece
Paralelamente, las grandes compañías del IBEX 35 han dirigido una carta a Alberto Núñez Feijóo pidiéndole que ejerza un control estricto sobre España Crece, el vehículo creado para canalizar los 10.891 millones de euros provenientes del programa Next Generation EU. La preocupación radica en que, según datos oficiales, el 91 % de los 28.359 millones adjudicados a los 100 mayores beneficiarios hasta junio de 2024 corresponde a entidades públicas o empresas vinculadas al Estado, como Adif, Renfe o Tragsa.
Solo alrededor de 1.600 millones de euros se destinaron a firmas privadas, entre ellas Telefónica, Vodafone o Seat. Los empresarios temen que una concentración similar de fondos en el sector público disminuya la capacidad de inversión del tejido empresarial y limite la atracción de capital extranjero. Además, advierten que el futuro gobierno, con un margen fiscal estrecho y una deuda cercana al 100 % del PIB, podría descartar la idea de un fondo soberano al estilo de Noruega o los Emiratos Árabes.
Impactos fiscales y escenario político
Otra cuestión pendiente es el futuro del impuesto a la banca, que generó más de 1.500 millones de euros en ingresos en 2025. Los analistas señalan que, de mantenerse, el gravamen podría seguir financiando servicios públicos y pensiones, aunque la banca argumenta que su eliminación reduciría el coste de las hipotecas. En cualquier caso, el impuesto continúa bajo revisión parlamentaria y su destino será decisivo para la política fiscal del próximo mandato.
En conjunto, el decálogo y la solicitud de fiscalización reflejan la intención de los sectores productivos de influir en la agenda económica del nuevo Gobierno, buscando una combinación de agilidad institucional, inversión orientada a la innovación y una distribución equilibrada de los recursos europeos. El llamado a una visión de largo plazo, que trascienda el ciclo electoral, apunta a que España pueda aprovechar plenamente las oportunidades que se presenten antes de 2035.
