El panorama del comercio internacional y la política arancelaria de Estados Unidos entró en un nuevo capítulo tras un fallo de la Corte Suprema que limitó la autoridad presidencial para gravar importaciones bajo la International Emergency Economic Powers Act (IEEPA). En una votación de 6–3 la Corte determinó que el poder de fijar aranceles corresponde al Congreso, lo que anuló una parte de los gravámenes impuestos el último año. Pese a esa sentencia, la respuesta del Ejecutivo —incluida una orden ejecutiva que establecía un arancel global del 10% y posteriores declaraciones sobre un posible aumento al 15%— dejó claro que la tensión entre el poder judicial y la Casa Blanca seguirá marcando el ritmo del comercio.
Para muchas empresas, especialmente fabricantes medianos y pequeños, la cuestión no es solo legal sino práctica: las decisiones rápidas y cambiantes sobre aranceles han provocado fluctuaciones en costos de insumos y retrasos en proyectos. Ejecutivos financieros han descrito pérdidas y volatilidad en ventas atribuibles a la incertidumbre arancelaria. Aunque la Corte devolvió parte de la autoridad legislativa sobre comercio, las acciones administrativas y las vías legales alternativas anunciadas por el Gobierno mantienen la inquietud entre importadores, distribuidores y constructores.
Qué dijo la Corte y qué implicaciones tiene
La sentencia dejó claro que la Constitución asigna al Congreso la facultad para gravar y regular el comercio internacional, restringiendo así el uso de la IEEPA como herramienta para establecer aranceles generales. Al invalidar gravámenes sobre sectores como el acero y el aluminio, además de ciertos aranceles a importaciones procedentes de China, la decisión redujo la autoridad ejecutiva que se había ejercido durante 2026.
Esta corrección legal tiene efectos directos: obliga a revisiones administrativas, plantea la posibilidad de reembolsos o ajustes en aduanas y obliga a actores privados a recalibrar estrategias de precios y abastecimiento.
Reacciones judiciales y alcance técnico
El fallo, escrito por la mayoría, subraya límites constitucionales y distingue entre poderes de emergencia y la potestad legislativa para imponer tributos. En la práctica, las agencias federales deberán modificar procedimientos y sistemas informáticos para reflejar la sentencia, un proceso que puede tardar y dejar zonas grises sobre la aplicación inmediata de los cambios.
Expertos en comercio público han recomendado cautela: no retirar recargos ni ajustar precios apresuradamente hasta que la administración y las autoridades aduaneras publiquen directrices claras.
Respuesta de la administración y el efecto en el mercado
Tras el fallo, el presidente anunció una orden ejecutiva para imponer un arancel global del 10%, con la intención posteriormente expresada de elevarlo al 15%. La Casa Blanca argumentó que utilizaría otras normas legales, más limitadas, y procesos investigativos del Departamento de Comercio para sostener medidas proteccionistas. Estas maniobras plantean un escenario de incertidumbre prolongada: aunque el poder de la IEEPA fue restringido, la posibilidad de nuevas herramientas legales y órdenes ejecutivas temporales mantiene la volatilidad en costos de importación y en la planificación empresarial.
Consecuencias para empresas y cadenas de suministro
Ejecutivos de empresas manufactureras han informado de impactos concretos: caída en ventas, encarecimiento de insumos y cancelación o demora de proyectos de construcción. Un ejemplo representativo es el de empresas que, pese a producir localmente, dependen de insumos o mercados afectados por las respuestas arancelarias de terceros países. El aumento del índice de precios al productor en materiales de construcción y la preocupación por la disponibilidad de mano de obra se suman al cóctel de incertidumbre, complicando inversiones en vivienda y obra pública.
Qué pueden esperar empresas y decisores
La lectura práctica es doble: por un lado, la decisión de la Corte es un freno a la expansión unilateral de aranceles; por otro, la administración ha mostrado determinación en mantener medidas proteccionistas por vías alternativas. Las compañías deben prepararse para varios meses de transición en los que será crucial monitorear comunicaciones oficiales, mantener flexibilidad en la cadena de suministro y evitar cambios de precio drásticos hasta que las autoridades publiquen procedimientos de aplicación y posibles mecanismos de reembolso. En este contexto, la predictibilidad normativa aparece como la prioridad para reactivar inversión y planificar a mediano plazo.
En síntesis, la combinación de un fallo judicial que reafirma controles constitucionales y una respuesta ejecutiva proactiva genera un escenario complejo para el sector privado. La resolución judicial del 20 de febrero de 2026 marca un punto de inflexión legal, pero las declaraciones públicas y las órdenes emitidas el 21 de febrero de 2026 y las señales posteriores mantienen a empresas y mercados en alerta hasta que las reglas queden realmente definidas.
