Contexto de la investigación
En los últimos años, el gobierno polaco, bajo la dirección de Donald Tusk, ha estado llevando a cabo una exhaustiva investigación sobre el uso y presunto abuso del spyware Pegasus por parte de la administración anterior. Este software, desarrollado por el grupo NSO, ha sido objeto de controversia a nivel mundial debido a su capacidad para infiltrarse en dispositivos móviles y espiar a sus usuarios. La situación ha cobrado relevancia tras la detención de Piotr Pogonowski, exjefe de la agencia de seguridad interna de Polonia, quien fue obligado a comparecer ante el parlamento para testificar sobre el uso de este software durante el mandato del partido Ley y Justicia (PiS).
Arresto y testimonios clave
Pogonowski, quien había ignorado tres citaciones para declarar ante la comisión parlamentaria, fue arrestado el lunes y llevado por la fuerza a la sesión. Este hecho resalta la seriedad con la que el actual gobierno está abordando las acusaciones de abuso de poder y vigilancia ilegal. En 2021, investigaciones realizadas por Citizen Lab y Amnistía Internacional revelaron que el spyware Pegasus había sido utilizado contra críticos del gobierno anterior, incluyendo a un senador que, según informes, fue hackeado en múltiples ocasiones antes de las elecciones parlamentarias de 2019. Estos hallazgos han alimentado las sospechas de que el uso de Pegasus no solo fue una violación de la privacidad, sino también un intento de manipular el proceso electoral.
Conclusiones del Senado polaco
En 2023, el Senado polaco llegó a la conclusión de que el uso de Pegasus en el país fue ilegal. Esta declaración marca un hito en la lucha por la transparencia y la rendición de cuentas en el uso de tecnologías de vigilancia. La investigación continúa, y se espera que más testimonios y evidencias salgan a la luz, lo que podría tener repercusiones significativas para los responsables de estas acciones. La situación en Polonia es un recordatorio de los peligros que representa el uso indebido de la tecnología en la política y la necesidad de establecer límites claros para proteger los derechos de los ciudadanos.
