Recientemente, se ha promulgado una ley que marca un hito en la lucha contra la difusión de imágenes íntimas no consensuadas en Estados Unidos. Esta legislación, conocida como el Take It Down Act, ha sido aclamada como un paso crucial hacia la creación de un internet más seguro, especialmente para las mujeres que han sido víctimas de deepfakes y otros tipos de contenido explícito distribuido sin su consentimiento. La ley fue firmada por el presidente Donald Trump en una ceremonia celebrada en el Jardín de Rosas de la Casa Blanca.
Un enfoque necesario ante el aumento de la tecnología de imágenes generadas por IA
Con el auge de la generación de imágenes mediante inteligencia artificial, se ha vuelto cada vez más común que las mujeres sean acosadas a través de deepfakes y otros contenidos que las retratan de manera explícita. Durante la firma de la ley, Trump expresó su preocupación por esta situación, afirmando que es “horriblemente incorrecta” y que se trata de un abuso que debe ser erradicado. La nueva legislación se convierte en la primera ley federal que busca combatir la distribución de este tipo de contenido, que ha sido un tema de debate durante años.
Detalles clave de la legislación
La ley criminaliza la publicación o la amenaza de publicar imágenes íntimas no consensuadas, incluyendo aquellos generados por inteligencia artificial. Además, establece que las plataformas de redes sociales deben eliminar el contenido ofensivo dentro de un plazo de 48 horas y evitar que los usuarios publiquen duplicados. La Comisión Federal de Comercio (FTC) tiene la autoridad para demandar a las plataformas que no cumplan con estas regulaciones. Este enfoque busca ofrecer una respuesta rápida y efectiva a las víctimas que anteriormente carecían de recursos legales adecuados.
Críticas y preocupaciones sobre la nueva ley
A pesar de la intención de proteger a las víctimas, organizaciones de derechos digitales han expresado su preocupación por las amplias disposiciones de eliminación de contenido y los plazos ajustados que podrían llevar a los proveedores de servicios en línea a monitorear más activamente el discurso de los usuarios. Esto podría resultar en una censura de contenido legal, lo que plantea un dilema sobre la libertad de expresión en la era digital. La implementación de esta ley será observada de cerca para evaluar su impacto en la protección de las víctimas y en la regulación del contenido en línea.
