Un jurado de Nuevo México concluyó que Meta —propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp— incumplió la ley de protección al consumidor del estado y causó riesgos para los menores. El tribunal aplicó la sanción máxima prevista por cada infracción, que en conjunto sumó $375 millones. La decisión llegó tras un proceso en el que la fiscalía estatal presentó pruebas que, según el jurado, demostraron que la compañía había ocultado información relevante sobre la seguridad de sus plataformas y desoído advertencias internas.
La reacción pública fue inmediata: el fiscal general de Nuevo México calificó el fallo como un llamado de atención para la industria tecnológica, mientras que Meta anunció su intención de apelar y defendió sus medidas de protección. Durante el juicio se exhibieron documentos internos, testimonios de exempleados y expertos en seguridad infantil, y la fiscalía detalló una investigación encubierta que sirvió como núcleo probatorio del caso.
Qué determinó el jurado
El veredicto estableció que Meta incurrió en prácticas que violaron la normativa estatal de consumidores; el jurado aplicó la multa máxima de $5,000 por cada violación, resultando en los $375 millones totales. Según la acusación, la empresa presentó públicamente una versión de sus esfuerzos de seguridad que no concordaba con lo reflejado en comunicaciones internas. El fiscal sostuvo que Meta priorizó el crecimiento de la engagement sobre la seguridad infantil, y el jurado entendió que esas decisiones permitieron conductas predatorias.
La resolución civil marca la primera victoria judicial en un juicio por ese tipo de alegatos contra la compañía.
Pruebas y argumentos clave
La investigación encubierta y la evidencia en el juicio
Parte de la acusación se apoyó en una operación iniciada por la fiscalía en 2026, que creó cuentas haciéndose pasar por menores para demostrar la facilidad con la que se recibía material sexual y se establecían contactos con adultos.
Esa operación, combinada con registros forenses y denuncias, derivó en cargos penales contra varias personas. La fiscalía presentó la maniobra como prueba de que la plataforma permitía el acceso de depredadores, mientras que la defensa de Meta argumentó que las redes sociales no pueden eliminar por completo todos los malos actores.
Documentos internos, diseño y defensa legal
Durante el juicio se mostraron correos internos y reportes que, según la fiscalía, evidenciaban advertencias internas sobre riesgos para menores y fallas en la moderación. Testigos describieron características como infinite scroll y autoplay que, en opinión de expertos, contribuyen a la adicción y a la exposición a contenidos dañinos. Meta recurrió a defensas jurídicas tradicionales, invocando la Primera Enmienda y la Sección 230 para sostener que no puede ser responsable por todo el contenido generado por usuarios, y enfatizó sus inversiones en seguridad y moderación.
Consecuencias inmediatas y pasos siguientes
Más allá de la sanción económica, la fiscalía busca medidas adicionales que obliguen a cambios operativos: exigir verificación de edad efectiva, retirar perfiles que faciliten la explotación y limitar usos de comunicaciones encriptadas que impidan la supervisión preventiva. El caso civil seguirá con una fase ante juez por la alegación de nuisance público, programada para comenzar el 4 de mayo de 2026, en la que el estado pedirá medidas cautelares e injunctivas para alterar prácticas de la empresa.
Implicaciones para la industria
Este veredicto llega en un momento en que existen múltiples demandas y procesos en distintos tribunales contra plataformas sociales por su impacto en jóvenes. Juicios paralelos en otras jurisdicciones discuten la responsabilidad sobre el diseño de productos y su efecto en la salud mental de menores; algunas compañías han optado por acuerdos, mientras que otras mantienen la batalla legal. El fallo de Nuevo México podría servir de precedente para demandantes y reguladores interesados en exigir transparencia y rendición de cuentas a gigantes tecnológicos.
Mientras tanto, Meta reiteró que defenderá su posición en apelación y que sigue invirtiendo en herramientas para proteger a adolescentes y niños. Las partes se preparan ahora para la siguiente etapa judicial, y el resultado del proceso podría definir nuevas obligaciones para la industria en materia de protección infantil y prácticas comerciales.
