El presidente Donald Trump ha tomado una decisión crucial al firmar una orden ejecutiva que establece un marco regulatorio para la inteligencia artificial (IA) en Estados Unidos. Esta acción, ampliamente anticipada, busca centralizar la regulación de la IA, limitando así la capacidad de los estados para implementar sus propias normativas en este ámbito.
La orden, titulada «Asegurando un marco nacional para la inteligencia artificial», crea un grupo de trabajo dentro del Departamento de Justicia.
Este grupo se encargará de desafiar las leyes estatales que se consideren incompatibles con las políticas federales. Además, se instruye al Departamento de Comercio a desarrollar directrices que podrían resultar en la pérdida de acceso a fondos de banda ancha para aquellos estados que promulguen leyes de IA consideradas excesivas.
Implicaciones de la orden ejecutiva
La presión para que el gobierno federal asuma un papel más activo en la regulación de la IA ha sido impulsada en gran medida por inversionistas en IA, grupos de políticas conservadoras y asociaciones del sector tecnológico.
Estas entidades sostienen que un enfoque fragmentado podría obstaculizar el crecimiento de la IA en Silicon Valley y disminuir la competitividad de Estados Unidos a nivel global. David Sacks, asesor de la Casa Blanca en IA, ha sido un defensor destacado de un enfoque regulatorio menos restrictivo.
Las palabras de David Sacks
Durante la ceremonia de firma, Sacks afirmó: «La orden ejecutiva proporciona herramientas a su administración para contrarrestar las regulaciones estatales más gravosas.
No nos opondremos a todas, ya que la seguridad de los niños es una prioridad que protegeremos». Este enfoque busca asegurar que la innovación no se vea obstaculizada por normativas estatales que varían significativamente de un lugar a otro.
Las reacciones de los estados
A medida que se promulga esta orden, varios estados han comenzado a implementar sus propias legislaciones sobre la IA. Por ejemplo, Colorado ha aprobado una ley para limitar la discriminación algorítmica en los modelos de IA, mientras que California exige a las grandes empresas tecnológicas que publiquen marcos de seguridad para sus sistemas de IA.
La legislación en Nueva York, que permite al fiscal general imponer sanciones civiles a los desarrolladores de IA que no cumplan con ciertos estándares de seguridad, está a la espera de la decisión del gobernador.
Críticas a la centralización del poder
Los fiscales generales de varios estados han criticado la intervención del gobierno federal en la regulación de la IA, argumentando que «no es el momento para dejar que esta nueva tecnología avance sin control». La fiscal general de Nueva York, Letitia James, subrayó que la colaboración entre las legislaturas estatales y el Congreso ha sido fundamental para la creación de algunas de las leyes federales más importantes en la historia del país. Aunque la orden establece un nuevo tono para la regulación de la IA a nivel nacional, no puede prohibir a los estados continuar aprobando sus propias legislaciones.
Perspectivas a futuro
La orden también incluye la creación de un grupo de litigio de IA dentro del Departamento de Justicia, cuya función será desafiar a las leyes estatales que se consideren perjudiciales para la innovación en el sector. La implementación de este marco regulatorio podría tener repercusiones significativas no solo para el desarrollo de la IA en Estados Unidos, sino también para cómo se percibe la tecnología en el ámbito internacional.
A medida que esta situación evoluciona, es probable que la controversia sobre la regulación de la IA se intensifique, atrayendo la atención de grupos de derechos civiles y otras organizaciones que ven la orden como un intento de limitar la capacidad de los estados para proteger a sus ciudadanos. Con la promesa de una regulación centralizada en el horizonte, el futuro de la inteligencia artificial en Estados Unidos se encuentra en un punto crítico.
