La administración Trump se enfrenta a un posible obstáculo significativo para las ventas de drones, justo antes de la temporada navideña. La empresa DJI, que representa el 90% del mercado global de drones, tiene un plazo crítico que vencerá el 23 de diciembre para pasar una auditoría impuesta por el gobierno de EE. UU.
Si DJI no logra completar esta auditoría a tiempo, se verá incluida en la lista de empresas restringidas por la FCC, lo que significaría un veto efectivo sobre la continuación de sus ventas en el país.
Aunque DJI ha manifestado su disposición a colaborar con las autoridades estadounidenses, la compañía aún no ha recibido respuesta del gobierno, generando un ambiente de incertidumbre.
Las acciones de DJI ante la situación
Frente a esta falta de comunicación, DJI ha optado por enviar cartas abiertas a varios funcionarios clave, incluyendo a Kristi Noem, directora de Homeland Security, y a otros líderes del gobierno, como el jefe del FBI, Kash Patel.
En estas cartas, DJI recuerda que en septiembre se había expresado una disposición por parte del gobierno para trabajar con ellos en la auditoría necesaria. La empresa enfatiza su compromiso con la seguridad de sus productos, respaldada por auditorías previas realizadas por entidades independientes y por el Departamento del Interior.
La defensa de DJI
Adam Welsh, responsable de políticas globales de DJI, ha detallado las múltiples medidas de seguridad implementadas en sus drones.
Según Welsh, los registros de vuelo no se almacenan en servidores, las imágenes y videos solo se respaldan si el usuario así lo decide, y existe un modo de datos locales que desconecta el dron de internet. Esta defensa busca calmar los temores de los consumidores, especialmente de aquellos que utilizan la tecnología de drones en sectores como la agricultura.
Welsh ha advertido que la imposición de un veto a DJI podría causar confusión entre los consumidores y privar a los usuarios estadounidenses de los beneficios de la tecnología de drones, además de ir en contra de la intención del Congreso de llevar a cabo una revisión de seguridad adecuada.
La falta de respuesta del gobierno
Hasta la fecha, el gobierno no ha emitido comentarios sobre las cartas enviadas por DJI. En ocasiones anteriores, el Departamento de Defensa había afirmado, sin proporcionar evidencia, que DJI tiene vínculos con el militar chino. Esto ha suscitado cuestionamientos y preocupaciones sobre la veracidad de tales afirmaciones.
La situación ha llevado a muchos a preguntarse sobre el impacto que tendría un veto en el mercado de drones en EE. UU. y en la confianza de los consumidores en la tecnología de DJI. Los agricultores y otros profesionales que dependen de estos dispositivos para mejorar su trabajo están particularmente inquietos por esta incertidumbre.
Perspectivas y desafíos
A medida que se acerca la fecha límite del 23 de diciembre, la presión sobre DJI se intensifica. La compañía ha hecho todo lo posible por demostrar su compromiso con la seguridad y la transparencia. Sin embargo, la falta de respuesta del gobierno podría dejar a la empresa en una posición comprometida, afectando no solo sus operaciones, sino también a una amplia base de clientes en EE. UU.
La resolución de este conflicto será crucial no solo para DJI, sino para la industria de los drones en general. La espera por una respuesta del gobierno continúa, y el futuro de DJI en el mercado estadounidense pende de un hilo.
