El 6 de noviembre el Sejm, cámara baja de Polonia, dio el visto bueno a un proyecto de ley que modifica el marco de sanciones del país. La votación quedó 240 a favor y 202 en contra, con una abstención, y el texto se remitió al Senado para su revisión. Esta iniciativa, impulsada por el gobierno, incorpora a los criptoactivos dentro de los recursos que pueden ser objeto de congelación cuando se apliquen medidas restrictivas.
La norma también prevé que el ministro del Interior sea quien supervise la lista nacional de sancionados y que las decisiones de inclusión produzcan efectos al día siguiente de su publicación. Los afectados podrán interponer recursos ante la justicia administrativa, aunque la ejecución de la medida no quedará suspendida mientras se tramita el recurso.
El proyecto de ley y su avance parlamentario
Tras la aprobación en la cámara baja, el proyecto entra en la fase senatorial, la cual cuenta con un plazo de 30 días para aprobar, enmendar o rechazar el texto. En caso de inactividad del Senado, la Constitución polaca considerará la iniciativa aprobada en los términos acordados por el Sejm y la enviará al presidente para su firma definitiva. El presidente actual, Karol Nawrocki, será quien dé el último visto bueno o ejerza el veto, lo que añade una etapa clave al proceso legislativo.
El contenido de la ley se alinea con la Directiva de la UE 2024/1226, que amplía la tipología de conductas castigables bajo los regímenes restrictivos de la Unión Europea. Asimismo, incorpora la definición de criptoactivos según el Reglamento de Mercados en Cripto-Activos (MiCA), garantizando que la normativa nacional sea compatible con el marco europeo.
Qué activos pueden ser congelados y cómo funciona la medida
Además de las cuentas bancarias tradicionales, la propuesta autoriza la congelación de criptomonedas, tokens y otros instrumentos financieros digitales. Las entidades financieras y plataformas de intercambio que custodien activos de personas incluidas en la lista deberán obedecer las órdenes de congelación, mientras que los titulares de billeteras propias podrían ver limitadas sus transacciones si las autoridades logran identificar la titularidad.
La norma no otorga al Estado el control directo sobre las claves privadas de los monederos personales; sin embargo, los proveedores regulados podrían verse impedidos de procesar transferencias o de proporcionar liquidez a los sancionados. Las decisiones administrativas podrán ejecutarse de inmediato, y sólo la interposición de un recurso ante el tribunal administrativo permitirá la revisión posterior, sin que ello suspenda automáticamente la medida.
Controversia y críticas al alcance de la norma
Desde la oposición, organizaciones como Ordo Iuris han señalado que la ampliación de la lista nacional de sanciones podría sobrepasar los límites establecidos por el derecho de la UE y vulnerar garantías constitucionales de propiedad y libertad de expresión. Los críticos advierten que la redacción permite sancionar a personas por la mera probabilidad de que sus recursos financien actividades consideradas peligrosas, lo que genera incertidumbre jurídica.
El Consejo Nacional de Radiodifusión también expresó preocupación por la inclusión de conceptos relativos a la manipulación informativa, temiendo que definiciones vagas puedan afectar a medios de comunicación y a la libre difusión de ideas. En el debate parlamentario, el diputado opositor Roman Fritz denunció la ley como un retroceso autoritario, mientras que el gobierno defendió la necesidad de contar con herramientas modernas para enfrentar interferencias extranjeras y amenazas a la seguridad nacional.
