La Corte Suprema declaró inconstitucionales varios de los aranceles promulgados en 2026 bajo la International Economic Emergency Powers Act, una resolución que pretende frenar el empleo de poderes de emergencia con fines comerciales. La decisión fue recibida con alivio por parte de operadores y empresas, que llevaban meses lidiando con una política comercial volátil que dificultó la planificación y la inversión.
En paralelo, el presidente reaccionó con dureza hacia los jueces y anunció la intención de imponer un arancel global del 10% a través de otros mecanismos ejecutivos, lo que sugiere que el conflicto legal sobre la política comercial no se ha cerrado.
Los analistas advierten que la medida puede reavivar la incertidumbre aunque, a corto plazo, la anulación judicial aporta un respiro para la actividad económica.
Impacto inmediato en los mercados y la economía
Tras el fallo, los índices bursátiles respondieron con una subida moderada: el Morningstar US Market Index mostró un avance en la sesión matinal, en un rango reportado entre 0,33% y 0,83%, mientras que los mercados europeos también registraron ganancias.
Los expertos interpretan este repunte como una reducción marginal de la incertidumbre en la política comercial, aunque advierten que el efecto puede ser breve si el Ejecutivo consigue reintroducir gravámenes por otras vías.
Repercusiones en deuda y finanzas públicas
El rendimiento del bono a diez años de Estados Unidos subió hasta alrededor de 4,097%, un movimiento relacionado con la posibilidad de que el Tesoro deba reembolsar ingresos recaudados por aranceles anulados.
Si los tribunales exigen devoluciones significativas, el Gobierno tendría que emitir más deuda para cubrir el hueco fiscal, lo que podría presionar al alza las rentabilidades a largo plazo.
Qué dijo la Corte y qué significa para el poder ejecutivo
La sentencia califica la imposición de aranceles masivos por decreto como una utilización excesiva de poderes de emergencia. En su escrito, el magistrado principal apuntó que, si el Congreso hubiese querido conferir una autoridad tan extraordinaria para gravar importaciones, lo habría hecho de manera explícita.
Esta interpretación limita la capacidad de los presidentes para aplicar cambios arancelarios de amplio alcance sin aprobación legislativa.
Consecuencia para la gobernanza y la previsibilidad
Para empresas y analistas, la limitación judicial supone una mejora en la previsibilidad normativa: presupuestos, contratos y decisiones de inversión se benefician cuando las reglas de comercio exterior son más estables. No obstante, los expertos subrayan que la administración aún dispone de herramientas legales y normativas para diseñar medidas alternativas y más específicas, lo que mantiene un grado de incertidumbre.
Escenarios futuros y recomendaciones para inversores
Aunque el fallo reduce la potestad ejecutiva sobre aranceles generales, los economistas creen que la administración intentará reconstruir protecciones comerciales usando estatutos diferentes o mecanismos administrativos para imponer gravámenes focalizados en determinados bienes. Algunos pronostican que las tasas promedio podrían terminar cerca de los niveles actuales si el gobierno opta por medidas más duraderas y dirigidas.
Los estrategas recomiendan que los inversores y las empresas sigan monitorizando las acciones del Ejecutivo y las posibles apelaciones o nuevas normativas. Un alivio temporal en la volatilidad puede verse contrarrestado por la reintroducción de aranceles por vías distintas a las anuladas, lo que sugiere mantener planes de contingencia y flexibilidad en cadenas de suministro.
La historia seguirá desarrollándose según las maniobras legales y administrativas que despliegue la administración y las decisiones ulteriores de los tribunales.
