El debate sobre la privacidad y la inteligencia artificial ha llegado a los tribunales. En United States v. Heppner, el magistrado Jed S. Rakoff del tribunal federal de Manhattan examinó 31 archivos que el acusado generó con el asistente Claude de Anthropic y luego compartió con su equipo de defensa. El tribunal concluyó que esos materiales no estaban cubiertos por el privilegio abogado-cliente ni por la doctrina del work product, puesto que habían sido creados fuera del canal confidencial de la relación profesional y según los términos de servicio del proveedor no existía una expectativa razonable de privacidad.
La decisión puso énfasis en dos ideas centrales: por un lado, que una plataforma de IA no sustituye a un abogado ni asume sus deberes; por otro, que el simple hecho de enviar un documento no privilegiado posteriormente a la representación legal no lo transforma en material protegido. Este pronunciamiento, además, reaviva la discusión pública sobre cómo regular el uso de chatbots y qué límites establecer para la protección de datos en contexto legal.
Por qué la corte negó el privilegio
Según el tribunal, para que exista privilegio abogado-cliente debe haber una comunicación entre un cliente y un abogado, realizada en confianza y con la finalidad de obtener asesoría legal. En este caso, los textos fueron generados por una entidad comercial que, en su política de uso, explícitamente advierte que no ofrece confidencialidad ni relación abogado-cliente. El juez Rakoff enfatizó que compartir información sensible con un servicio abierto al procesamiento y almacenamiento de prompts y salidas implica renunciar a una expectativa de privacidad.
La diferencia entre conversación con un abogado y con un chatbot
Un asistente conversacional carece de licencia, deber de lealtad y obligación profesional de secreto. Por lo tanto, interactuar con un chatbot comercial equivale jurídicamente a discutir asuntos con un tercero no cualificado. La corte recordó que las normas tradicionales consideran no privilegiadas las comunicaciones hechas a no abogados; usar un servicio digital que registra y analiza consultas no altera ese principio.
Implicaciones prácticas para litigantes y empresas
La sentencia subraya riesgos tangibles: cualquier persona que utilice chatbots para preparar estrategias, resúmenes o respuestas para un proceso puede generar evidencia descubierta por la contraparte. En entornos corporativos, el uso de IA para decisiones estratégicas, evaluaciones de personal o análisis de riesgos podría producir archivos susceptibles de incautación en una pesquisa o en un litigio civil. El fallo destaca que almacenar información sensible en servicios comerciales es una decisión que puede tener consecuencias procesales.
La falacia de la privacidad implícita
Muchas personas creen que una interacción digital es privada por defecto, pero las políticas de varios proveedores autorizan la recolección y, en algunas circunstancias, la divulgación de logs a autoridades. Además, los desarrolladores de IA han enfrentado demandas por derechos de autor y efectos en salud mental; como respuesta, algunos han introducido controles para limitar retención de datos o permitir modos de uso incógnito, pero esas medidas no garantizan la protección legal frente a un proceso.
Qué deben hacer abogados y clientes
La lección inmediata es preventiva: los despachos y los departamentos legales deben advertir a clientes y empleados que el uso de chatbots comerciales con datos sensibles puede dejar registros recuperables. Se recomienda incluir cláusulas en cartas de compromiso y políticas internas que expliquen los riesgos y prohíban o regulen el uso de herramientas externas para cuestiones confidenciales. La formación interna y la implementación de protocolos de uso responsable son pasos esenciales para minimizar exposición.
Al mismo tiempo, la sentencia impulsa una alternativa práctica: desarrollar entornos de IA colaborativos controlados por el abogado, donde la interacción con la herramienta ocurra bajo la dirección del profesional. Si la asistencia automatizada se integra formalmente en la relación abogado-cliente y se gestiona en plataformas corporativas con garantías contractuales y técnicas, la protección legal podría sostenerse. Estas soluciones piloto ya se prueban en algunos despachos, buscando equilibrar eficiencia y confidencialidad.
Abogados, directores de cumplimiento y usuarios deben ver la herramienta con cautela, ajustar políticas y preferir entornos controlados cuando el tema requiere privilegio o secreto profesional.
