El fallo del Tribunal Supremo que declaró que la International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) no autoriza la imposición unilateral de aranceles marcó un giro relevante en la política comercial y en los mercados. Desde el inicio de la disputa se planteó una cuestión central: aunque la Corte invalidó buena parte de las tarifas, ¿deberá el gobierno reembolsar lo cobrado a importadores y empresas? Esa interrogante ha transformado tanto la vida de las compañías afectadas como la de los inversionistas que apostaron a ese resultado.
En paralelo a los litigios, algunos fondos especializados compraron derechos de reembolso de importadores por centavos de dólar, anticipando que una decisión favorable multiplicaría sus ganancias. Ahora, con la sentencia en vigor pero sin una orden explícita de devolución, esos acreedores y los tribunales inferiores se preparan para un nuevo capítulo de pleitos y negociaciones que determinará quién recupera qué y cuándo.
Cómo llegaron los litigios y quiénes están en juego
La controversia comenzó cuando la administración utilizó la IEEPA para imponer aranceles de amplio alcance sobre bienes importados, una maniobra sin precedentes que provocó demandas de múltiples empresas y coaliciones. El Tribunal Supremo, en una decisión dividida, concluyó que la ley de 1977 no contempla la potestad para gravar importaciones en la magnitud y duración que se aplicaron. Aunque el fallo anula la base legal de esas tarifas, no resolvió de forma automática el procedimiento para la devolución de los importes recaudados.
Actores principales
Entre los protagonistas están: importadores que pagaron aranceles y ya presentaron demandas, firmas de inversión que compraron reclamaciones por reembolso, y el propio Tesoro y la agencia aduanera, que deberán procesar reclamos si los tribunales inferiores lo ordenan. Además, grupos de pequeñas empresas presionan por un mecanismo rápido y automático de devolución para evitar largos procesos judiciales y cargas administrativas.
Las oportunidades financieras: cómo se estructuró la apuesta
Algunos fondos vieron la sentencia como una posibilidad de rentabilidad extraordinaria. Compraron a importadores el derecho a solicitar un reembolso a cambio de un pago inmediato, una práctica que convierte una litigación incierta en un activo comercial. Estos contratos se negociaron a precios bajos —a menudo fracciones del valor reclamado— porque los vendedores preferían liquidez inmediata ante el riesgo de no recuperar nada.
Estrategia y riesgo
La operación dependía de varios elementos: que la Corte invalidara la autoridad legal usada para imponer las tarifas, que los juzgados inferiores ordenaran reembolsos y que la administración no interpusiera más recursos o alternativas legales que complicaran la devolución. La ganancia potencial es alta, pero también lo es la exposición a la incertidumbre política y procesal. Para muchos inversionistas, la pregunta ahora es si vender parcialmente esas reclamaciones y asegurar beneficios o aguantar a la espera de un fallo definitivo que podría multiplicar los retornos.
Impacto fiscal y previsiones sobre los reembolsos
Los cálculos independientes estimaron que la reversión de las tarifas bajo IEEPA podría implicar reembolsos por decenas de miles de millones. Un análisis público proyectó cifras que, en su estimación superior, alcanzan cifras alrededor de $175 mil millones en devoluciones potenciales acumuladas, y sugirió que la recaudación diaria de ese esquema llegó a alrededor de $500 millones por día antes de la decisión. Si los jueces inferiores ordenan reembolsos amplios, el impacto sobre las cuentas públicas y el flujo de caja del Tesoro será significativo.
Sin embargo, la sentencia del Tribunal Supremo no impone un procedimiento operativo para las devoluciones. Por eso, se espera que los casos se remitan a tribunales inferiores, donde se discutirán los mecanismos concretos: plazos, documentación y si las devoluciones serán automáticas o sujetas a reclamos formales. Mientras tanto, el Ejecutivo podría explorar otras autoridades legales para reinstaurar gravámenes, lo que añadiría un nuevo elemento de complejidad política y económica.
Conclusión: incertidumbre y decisiones estratégicas
La resolución del Tribunal Supremo representa un triunfo para quienes denunciaron un uso excesivo de la IEEPA, pero deja abiertas preguntas clave sobre la restitución de fondos y el futuro de la política arancelaria. Para las empresas importadoras, la prioridad inmediata es recuperar liquidez; para algunos inversionistas, aprovechar la sentencia supone definir si monetizan sus compras de reclamaciones o esperan un desenlace judicial que podría ser más lucrativo. En todos los casos, el camino pasará por los tribunales inferiores y por decisiones administrativas que, en los próximos meses, determinarán el alcance real del impacto económico.
