En un movimiento inesperado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, evalúa la posibilidad de firmar un decreto ejecutivo que busca desafiar los esfuerzos de los estados para regular la inteligencia artificial. Según fuentes cercanas, este decreto podría estar listo para firmarse en los próximos días. La propuesta, titulada Eliminación de la obstrucción estatal a la política nacional de IA, instruye al fiscal general de EE. UU. a crear un Grupo de Litigio de IA que impugnará legalmente las normativas estatales que, según la administración, infringen leyes federales.
Objetivos del decreto y su impacto
El borrador del decreto establece que este nuevo grupo colaborará con asesores tecnológicos de la Casa Blanca, identificando qué estados estarían en desacato a las leyes federales relacionadas con la libertad de expresión y el comercio interestatal. Se menciona que ciertas regulaciones estatales obligan a los desarrolladores de IA a modificar los resultados de sus modelos o reportar información de manera que podría contradecir la Primera Enmienda de la Constitución.
Regulaciones estatales específicas
El decreto alude a leyes de seguridad de IA recientemente implementadas en estados como California y Colorado. Estas leyes exigen a los desarrolladores de IA publicar informes de transparencia, explicando cómo entrenan a sus modelos y otras prácticas. Grupos de presión de grandes empresas tecnológicas, como Chamber of Progress, critican estas iniciativas, considerándolas un enfoque fragmentado que obstaculiza la innovación en el sector.
Ante estas preocupaciones, algunos representantes han intensificado su presión para implementar leyes federales más flexibles, que proporcionarían un marco unificado para el desarrollo de la IA.
Cody Venzke, asesor sénior de políticas de la ACLU, ha manifestado que tales propuestas podrían socavar la confianza del público en la IA.
Implicaciones políticas y económicas
El contexto político actual también juega un papel crucial en la discusión sobre la regulación de la IA. Trump, a través de sus declaraciones en redes sociales, critica lo que denomina sobrerregulación de la inteligencia artificial, acusando a algunos estados de infiltrar ideologías en sus modelos de IA.
Esta postura se refleja en el borrador del decreto, que sugiere que la Comisión Federal de Comercio debería declarar que los estados no pueden promulgar leyes que alteren los resultados de los modelos de inteligencia artificial.
Retos legales y financiación federal
Además, el decreto contempla que el Departamento de Comercio elabore directrices que podrían descalificar a los estados de recibir financiamiento federal para el acceso a internet de alta velocidad. Este programa, conocido como Broadband Equity Access and Deployment, cuenta con un presupuesto superior a los 42 mil millones de dólares. Esta situación representa un desafío considerable para los estados que buscan regular la IA, ya que la amenaza de pérdida de fondos podría influir en sus decisiones legislativas.
Los republicanos en la Cámara han reavivado su intención de establecer una moratoria general sobre las leyes estatales que regulan la IA, tras el fracaso de una versión anterior de esta medida. El borrador del decreto confiere a la Casa Blanca el poder de impugnar estas leyes bajo la cláusula de comercio de la Constitución, lo que podría tener un impacto significativo en la legislación estatal sobre IA.
Este decreto ejecutivo, de materializarse, podría marcar un punto de inflexión en la regulación de la inteligencia artificial en Estados Unidos. La medida refleja la creciente tensión entre la innovación tecnológica y la regulación estatal, y plantea interrogantes sobre el futuro de la política de IA en el país.
