El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas se presentó este jueves en Bruselas para responder a la presión ejercida por los agricultores antes de la sesión del Consejo de Ministros de Agricultura y Pesca de la UE prevista a las diez de la mañana. Su aparición ante los medios estuvo precedida por la convocatoria urgente de una reunión con los representantes de los sectores agrario y ganadero, una medida que buscaba calmar la creciente inquietud provocada por el salto del gasoil agrícola –casi un 50 % desde febrero– y por la incertidumbre sobre el próximo presupuesto de la Política Agraria Común (PAC).
En el mismo día, la Asociación de Agricultores y Ganaderos de España (ASAJÁ) y la Confederación de Agricultores de Portugal (CAP) cerraron su VI Congreso Ibérico Agropecuario y Forestal en Ciudad Real, donde sus presidentes, Pedro Barato y Álvaro Mendonça, reiteraron la necesidad de una financiación «cierta y suficiente» para garantizar la viabilidad de los cultivos mediterráneos, el vino, las frutas y hortalizas. El congreso sirvió como plataforma para consolidar una posición ibérica conjunta que se ha ido construyendo desde el acuerdo firmado en Oporto el año pasado.
Alianza ibérica: una estrategia compartida ante Bruselas
Barato explicó que España y Portugal comparten retos similares: climas variables, costes de producción elevados y la particularidad de sus cultivos. “Las situaciones de Portugal y de España, si no iguales, son muy parecidas”, afirmó, recordando que cada año se elaboran acuerdos conjuntos para presentar una postura única ante la Comisión Europea. En la clausura del congreso, ambos líderes subrayaron que la alianza ibérica trasciende la mera celebración anual; es el resultado de años de trabajo coordinado en Bruselas y en otros organismos internacionales.
Mendonça añadió que la unión se vuelve cada vez más estratégica porque los problemas que antes afectaban solo al sur de Europa ahora se extienden a otras regiones. Por eso, la defensa de un presupuesto suficiente para la futura PAC y la garantía de rentabilidad para agricultores y ganaderos aparecen como prioridades comunes. “Sin rendimiento en el campo, lo que vamos a tener es abandono”, advirtió, vinculando la sostenibilidad del medio rural con el relevo generacional y la conservación del territorio.
Preocupación por los incendios forestales y propuestas de prevención
Otro de los ejes del congreso fue la gestión de los incendios forestales. La consejera de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, Mercedes Gómez, denunció que este año se quemaron 41.477 hectáreas, un 720 % por encima de la media histórica. Frente a esa alarmante cifra, propuso que los agricultores y ganaderos, como “custodios del territorio”, reciban ayudas para adaptar la maquinaria agrícola con dispositivos automáticos de supresión de chispas como los sistemas de CO₂ instalados en cosechadoras.
Gómez también planteó que las áreas destinadas a crear cortafuegos o a dejar franjas perimetrales sin cosechar continúen percibiendo la misma financiación europea que tendría una superficie cultivada. La idea es que la prevención no suponga una pérdida de ayudas, sino una inversión que se traduzca en menos superficie a extinguir y, por ende, en menores costes para la Unión.
Movilizaciones y la respuesta del Gobierno español
Mientras se afinaban las propuestas ibéricas, tres organizaciones agrarias españolas –ASAJÁ, COAG y UPA– anunciaron la organización de protestas de gran escala para presionar al Gobierno. La causa principal es el alza del gasoil agrícola que ha encarecido los costos de producción en un 50 % desde febrero. La convocatoria fue recibida rápidamente por Planas, quien, según fuentes, programó una reunión con los representantes del sector al día siguiente, buscando una solución antes de que se desate el llamado «otoño caliente».
Existen dos corrientes de opinión sobre la posible respuesta del Ejecutivo. Una sostiene que el Gobierno, con la cercanía de las elecciones europeas, optará por conceder ayudas rápidas –rebajas fiscales, subsidios directos o reducciones del impuesto al combustible– para evitar mayores conflictos. La otra hipótesis apunta a que el Gobierno podría mostrarse reacio, temiendo abrir la puerta a otras reivindicaciones sectoriales, como las de los transportistas. En cualquier caso, la reunión de Planas se perfila como un punto decisivo para la negociación de la futura PAC y para definir la línea de apoyo a los agricultores antes del Consejo de Ministros de la UE.
