El debate arrancó con un mensaje de condolencias para las víctimas de los recientes descarrilamientos y, a continuación, Bustinduy pidió escuchar a los sindicatos y a los trabajadores del sector ferroviario. El ministro de Consumo subrayó que el ferrocarril debe ser un servicio público y reclamó la reasignación de 13.000 millones de euros, destinados actualmente a la ampliación de infraestructuras aeroportuarias, para financiar el mantenimiento y la expansión tanto de la alta velocidad como de los trenes de Cercanías.
Comité de expertos y plan de inversión ferroviaria
El PSOE anunció la creación de un comité de expertos ferroviarios que, según Carlos Cuerpo, será la base de un posible «pacto de Estado en infraestructuras». Este grupo técnico elaborará un Libro Blanco con recomendaciones sobre la renovación de vías, la modernización de la señalización y la seguridad operativa. Tras la dimisión de Óscar Puente, titular de Transportes, el 3 de noviembre, el nuevo responsable intentará canalizar la inversión necesaria, estimada en 19.000 millones de euros en los próximos cinco años.
Bustinduy acusó que la liberalización de la alta velocidad ha permitido que empresas extranjeras se apropien de activos públicos, una práctica que considera inaceptable después de haber gastado 70.000 millones de euros en la red ferroviaria. Criticó también la escasa auditoría de las vías, una obligación incluida en la Ley de Movilidad Sostenible del diciembre de 2025 pero que, según el centro derechista, aún no se ha cumplido.
Propuestas de vivienda y medidas sociales
En el segundo bloque, el foco cambió a la vivienda. Bustinduy defendió la reciente aprobación del decreto de vivienda, que contempla la prórroga de contratos que finalicen antes de 2029 y establece un impuesto a la acumulación de inmuebles a partir de la cuarta vivienda en alquiler, con una tasa del 10 % del valor total. La medida afectaría al 1 % de los propietarios y permitiría liberar 1,3 millones de viviendas para alquiler asequible.
El Frente Amplio, además, insistió en la construcción de vivienda pública protegida de forma indefinida, argumentando que los fondos de inversión privados compran inmuebles sin recurrir a hipotecas, dejando a los jóvenes sin posibilidades de acceso. Por su parte, el PSOE señaló que el decreto ahorrará hasta 2.500 euros anuales a alrededor de dos millones de inquilinos y recompensará a los pequeños propietarios que reduzcan el alquiler, incrementando su renta en unos 350 euros.
Juan Bravo, representante del PP, criticó la gestión actual alegando que la falta de auditorías ha convertido a la red ferroviaria en «el miedo de los españoles» y prometió una inversión de 300.000 millones de euros en 15 años si su partido accede al poder. Propuso, además, un plan de choque que incluirá una auditoría exhaustiva de la condición de las vías y la revisión de los límites de velocidad.
José M. Figaredo, único de Vox que no inició su intervención con una referencia a las víctimas, denunció una caída de la inversión a niveles «peligrosos» y comparó la carga fiscal del país con la de países nórdicos, mientras describía la calidad de los servicios como «del nivel de Pakistán».
En conjunto, los cuatro participantes ofrecieron una visión contrastante del futuro del transporte y la vivienda en España. Mientras el Frente Amplio y el PSOE abogan por una mayor financiación pública y una regulación que garantice la asequibilidad, el PP y Vox apuestan por auditorías, auditorías y una mayor participación del sector privado, aunque ambos críticos coinciden en la necesidad de restaurar la confianza de los usuarios.
