En un caso que ya genera atención mediática y legal, se presentó una demanda colectiva contra Meta el April 21, en la que se alega que la compañía ocultó a sus usuarios la magnitud de los anuncios fraudulentos que circulan en Facebook e Instagram. La acción fue interpuesta por las firmas Tycko & Zavareei LLP y Tech Justice Law en representación de la Consumer Federation of America y usuarios de Washington, D.C.
Según la demanda, las promesas públicas de combatir el fraude contrastan con prácticas internas que, de acuerdo con los demandantes, habrían favorecido a los estafadores.
El escrito legal se basa en documentos internos citados por la prensa e incorporados en la demanda. Esos archivos, que incluyen presentaciones señaladas por Reuters en Dec. 2026, tendrían estimaciones y políticas internas que muestran cómo Meta habría monetizado anuncios de alto riesgo. La denuncia solicita reparación económica y medidas judiciales que impidan la continuidad de estas prácticas, alegando que lo ocurrido no es un simple fallo operativo sino una política empresarial.
Qué afirma la demanda
La demanda, presentada bajo la Consumer Protection Procedures Act (CPPA), detalla múltiples señalamientos: primero, que en 2026 Meta proyectó que cerca del 10% de sus ingresos —aproximadamente $16 mil millones— provendrían de publicidad vinculada a estafas y productos prohibidos; segundo, que sus estimaciones internas cuantificaban la exposición diaria de los usuarios a 15 mil millones de anuncios catalogados como «de mayor riesgo». Además, los documentos apuntan a prácticas concretas: cobrar tarifas elevadas a anunciantes de riesgo y rechazar la abrumadora mayoría de denuncias legítimas de usuarios, cifras que, según la demanda, alcanzaron el 96% de reportes ignorados o mal gestionados.
Evidencia interna y límites presupuestarios
Entre las revelaciones que cita la demanda figura una directiva interna que supuestamente impedía a los equipos de revisión tomar medidas que supusieran un costo superior al 0.15% de los ingresos totales, lo que, según los demandantes, priorizaba el beneficio económico sobre la protección de usuarios. También se denuncia que Meta habría manipulado su propia Ad Library para que las búsquedas públicas parecieran menos problemáticas, una táctica descrita en la demanda como un «playbook» global frente a la supervisión regulatoria.
Respuesta de Meta y cifras de moderación
Frente a las acusaciones, un portavoz de Meta negó las imputaciones y anunció que la compañía las disputará en sede judicial. En sus declaraciones públicas, Meta afirmó que combate agresivamente las estafas: mencionó la eliminación de más de 159 millones de anuncios fraudulentos el año pasado, de los cuales 92% fueron retirados antes de recibir reportes de usuarios, y la baja de 10.9 millones de cuentas vinculadas a centros de estafa en Facebook e Instagram. Estas cifras son parte central de la réplica de la empresa ante la demanda.
Casos y reportes previos
El conflicto no surge de la nada: en May 2026 y Dec. 2026 varios informes y presentaciones internas ya habían puesto sobre la mesa cómo la plataforma era usada para promocionar fraudes, y autoridades estatales como una coalición de fiscales generales enviaron cartas en June 2026 pidiendo mayor acción contra anuncios que dirigían a víctimas hacia grupos de WhatsApp usados en estafas. Además, demandas previas —por ejemplo, la presentada por la oficina del fiscal general de las Islas Vírgenes— alegan prácticas similares de cobro y tolerancia a anunciantes sospechosos.
Consecuencias solicitadas y por qué importa
La demanda exige daños, la restitución de supuestos beneficios ilícitos y una prohibición permanente que impida a Meta seguir presentando sus plataformas como seguras mientras, alegan los demandantes, permite que proliferen estafas. Para los consumidores, el caso plantea preguntas sobre transparencia, responsabilidad corporativa y la eficacia de las herramientas de moderación. Investigadores independientes han mostrado ejemplos de anuncios que prometen cheques de estímulo o teléfonos gratuitos y que, según la denuncia, siguen activos pese a las políticas oficiales.
Más allá de juicios y cifras, la demanda subraya un punto clave: si las plataformas sociales dependen de la publicidad, surge un conflicto entre maximizar ingresos y proteger usuarios. El resultado de este proceso podría redefinir obligaciones de empresas como Meta frente a reguladores y consumidores, y marcar precedentes para cómo se auditan y sancionan las prácticas publicitarias en el ecosistema digital.
